Kisser hizo referencia a la posibilidad de que el juez Rossi enfrente un juicio político. Pero a la vez, dijo que tenían que ver la actuación del fiscal. “Si el fiscal se opuso a esta medida que iba a tomar el juez. ¿Qué hizo después del fallo del juez? El debía haber apelado a la instancia superior. No soy penalista pero creo que ahora esto va directamente al Tribunal de Casación o a la Cámara de Apelaciones. Es decir, el fallo del juez podría haber sido objeto de control y que, daría la impresión, que no lo fue. Además, dijo que Kisser dijo que se debe revisar la política criminal del gobierno de la provincia. “Esto es una deuda de la clase política con la sociedad”, indicó Kisser.
Respecto del pedido de un jury de enjuiciamiento, hoy se conoció la segunda solicitud de este tipo. A las ocho y cuarenta de esta mañana, fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento una nueva denuncia contra el juez por parte del senador del departamento La Paz, Aldo Ballestena. El legislador expresó que "hay mal desempeño de sus funciones" y en el documento solicita que "se proceda a suspender al magistrado denunciado" en forma inmediata. El sábado, el senador Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) había hecho lo mismo. Como medida de prueba Ballestena adjuntó los fundamentos en los que se basó Rossi para otorgar la libertad condicional a Wagner y el informe que el Servicio Penitenciario elevó desaconsejando el otorgamiento de libertad.
Wagner estaba cumpliendo una condena acordada mediante juicio abreviado por haber cometido dos violaciones en el año 2010, a pesar de los diferentes informes técnicos negativos por parte del Consejo Correccional de la Unidad Nº 9 y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.
De la misma forma, Kisser se preguntó que hizo el Patronato de Liberados que depende del ministerio de Gobierno de la Provincia. “Hay una señorita de apellido Wagner al frente del Patronato de Liberados. ¿Qué se hizo en este sentido?”, dijo Kisser a Radio Ciudadana.
“Me parece que el juicio abreviado no puede aplicarse para este tipo de delitos pero tampoco puede aplicarse para hechos de corrupción y otro tipo de delitos. Hay delitos graves que ocurren y no se pueden dar el lujo el inculpado de terminar de pactar su pena como ocurrió en este caso. Wagner pactó con el juez una pena de nueve años. Si se hubiera llevado a cabo la parte investigativa, hace suponer que esa pena pudo haber sido mayor”, mencionó el senador Kisser.
Cabe acotar que hoy la diputada provincial María Alejandra Viola (Cambiemos) dio a conocer una nota donde opina que la provincia de Entre Ríos no puede quedar exenta de los cambios que están sucediendo en la Argentina en pos de una calidad institucional de todos los poderes del Estado. Viola recordó la presentación el año pasado de un proyecto de ley de su autoría para la modificación del Código Procesal Penal en la provincia por el que plantea un cambio en los juicios abreviados para que sólo se apliquen en los casos donde se prevea una pena menor a los 6 años de prisión o cuando sean excarcelables.
"En principio y como regla, los procesos abreviados se han pensado referidos a un universo conformado por delitos menores en cuanto a su monto de pena", señaló Viola en oportunidad de la presentación del proyecto de Ley que la diputada radical, quien aspira a que la iniciativa sea tratada prontamente por la cámara de Diputados.
El proyecto elaborado por Viola propone la modificación del Artículo 479º del Libro Tercero, Título II, Capítulo II de la Ley Provincial número 9.754: "Oportunidad. Para el caso de delitos, cuyo monto máximo de pena en abstracto no supere los 6 años de pena privativa de libertad o cuya sanción no sea de pena privativa de libertad, en el plazo de citación a juicio, el imputado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, mediante la presentación al Tribunal de un acuerdo con el Fiscal que tramitará por cuerda. No procederá el juicio abreviado cuando el hecho investigado fuera cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cualquiera sea el monto de la pena y el mismo sea doloso".
Más adelante, el legislador de la oposición dijo que otra vez la política “actúa como bombero”. “Vamos después del siniestro. Podríamos haber sido previsores y haber actuado antes que esto ocurra”, señaló. En esa dirección, se preguntó si había necesidad de esperar a que le arrebataran la vida a Micaela para hacer esto. “Es una jornada de reflexión que hacemos desde Cambiemos porque esto no puede seguir ocurriendo”, señaló. “Hoy fue Micaela y no queremos que mañana sea otro”, añadió.
“Hay una cosa que nadie dice que este hombre era adicto, estaba pudo haber actuado bajo los efectos de la droga. Hay antecedentes de que era consumidor de droga y en la provincia no se está haciendo absolutamente nada porque entre la Nación y la Provincia no se ponen de acuerdo con la Ley de Narcomenudeo. Hoy en la provincia en cualquier kiosco se venden drogas y nadie hace nada”, dijo.
De la misma forma, expresó que no se puede pasar por alto la situación de las cárceles de la provincia donde existe una “superpoblación de presos”. Debido a la conflictividad social y el avance de la droga está aumentando la población carcelaria con el riesgo de que colapse la capacidad de albergar reclusos tras las rejas. La provincia cuenta con lugar para 1.000 detenidos pero tiene 1.700. “Si queremos avanzar, tenemos que pensar en construir cárceles, más seguras”, dijo. Esa superpoblación lleva, a criterio de Kisser, a presionar a los jueces desde el Servicio Penitenciario para que liberen internos por la falta de espacio.
Otro punto que el legislador de la oposición trajo a colación fue el de los femicidios. Entre Ríos está segunda a nivel nacional en cantidad de femicidios por cantidad de habitantes. “Algo está pasando en la sociedad”, indicó. Al respecto dijo que lo que suele suceder cuando un hombre golpea a su mujer es dictarle la exclusión del hogar u ordenar que pague la cuota alimentaria de su hijo. Pero lo que nadie controla es que conducta lleva adelante en la calle esa persona. Y consideró que esa persona violenta puede convertirse en un criminal como sucedió en Concepción del Uruguay hace pocos meses cuando un hombre violó la exclusión del hogar e irrumpió matando a su ex esposa, entre otras personas. “El Estado tiene que contenerlos de alguna forma para que no se conviertan en delincuentes; antes de que cometan el delito”, mencionó.
El senador dijo que si todos los focos se concentran en el caso de Micaela, estarían “minimizando una problemática mucho más grande y profunda”. Pero dijo que tampoco se debe desentender del caso.
Por último, Kisser pidió despolitizar el caso. En ese sentido, dijo que participó de la marcha que se llevó a cabo el sábado a la noche en Paraná. Allí notó la presencia de dos grupos diferenciados de manifestantes. Por un lado quienes reclamaban justicia para los autores de femicidios sin ningún color político y por el otro, agrupaciones como el Movimiento Evita reivindicando a Micaela como militante. “A mí me importa la muerte de Micaela más allá de sus instancias políticas. Podría no haber tenido ninguna y me hubiese importado de la misma manera. Creo que hay que despolitizar esto; no me importa lo que pensaba; me importa que no tiene más vida y que se la llevó un asesino”, recalcó.
Por su parte, Rosario Romero (FPV-Paraná) dijo que iban a tratar dos temas en una reunión de bloque que iba a comenzar estar mañana en la Legislatura. Por un lado, una denuncia contra el juez Rossi por presunto mal desempeño. Por el otro, analizar modificaciones a las leyes de procedimientos penales para que los controles sean más rigurosos en casos de delitos graves. En ese sentido, mencionó los dictámenes que pueden surgir tanto de la fiscalía como de equipos interdisciplinarios. “Hoy se habla mucho de la multidisciplina. Bueno, la interdisciplina hay que respetarla y el que sabe de alguna especialidad debe ser escuchado por los jueces”, sostuvo.
“Vamos a buscar una reforma procesal para que las libertades condicionales sean mucho más rigurosamente controladas en estos casos de delitos tan graves porque la actitud del juez lamentablemente nos hace pensar que esa discrecionalidad que tienen los jueces de ejecución en esta etapa tan importante como es la ejecución de la pena tienen que ser validada”, indicó Romero.
Más adelante, Romero prefirió no centrarse en la revisión de los procedimientos penales basándose en el caso de Wagner. “Este es un país en el que se garantizan las libertades, el buen trato dentro del sistema carcelario y la recuperación gradual para aquellos condenados que tengan un comportamiento acorde con ese beneficio”, indicó.
La legisladora explicó que, en el caso de Wagner, no había un comportamiento acorde que ameritase la libertad. “Estaba el fiscal en contra y dos equipos interdisciplinarios en contra”, dijo. Además mencionó que Wagner había agredido a golpes de puño a otro interno y una rinoscopia había arrojado como resultado que consumía estupefacientes. “Estaban liberando a una persona que ni siquiera estaba cumpliendo el reglamento carcelario. Lo básico”, indicó.
“No me parece bueno censurar corrientes del derecho penal porque los argentinos estamos en esa historia que nos ha hecho tanto daño de ir de bandazo en bandazo. No podemos ir del todo garantía para ponernos de golpe mano dura. Tenemos que ir en la búsqueda de un equilibrio. Este no tiene que ser un debate de abogados, tiene que ser un debate de la sociedad, de la interdisciplina”, mencionó.
