Luego de cinco horas que duró la audiencia, en la que se trató la resolución del recurso de apelación presentado por los fiscales y la querella, representada por Rubén Pagliotto, en la causa que solicita el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas del establecimiento Casa Nueva, la Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, anunció que este jueves a las 10, emitirá su resolución sobre la apelación.
La extensa audiencia tuvo un breve cuarto intermedio entre las 12.45 y las 13, minutos antes que comenzara la alocución de los defensores y representantes de Dolores Etchevehere. Hacia el final de la audiencia hubo fuertes cruces entre la defensa, fiscalía y el representante de la querella.
La argumentación de los fiscales
Con la exposición de los hechos por parte del fiscal, Oscar Sobko, comenzó a las 9.20 de este miércoles la audiencia para empezar a definir la situación generada a partir de la disputa de la familia Etchevehere.
El funcionario judicial inició su alocución realizando una descripción de la situación originada a partir de que Dolores Etchevehere ingresara a la Estancia Casa Nueva junto a un grupo de personas para realizar en el lugar un proyecto agroecológico.
En primer término, Sobko leyó la apertura de causa en la cual señaló que «el 15 de octubre, Dolores Etchevehere y alrededor de 40 personas ingresaron a Casa Nueva». Señaló que le exigieron a una empleada que le diera las llaves de la vivienda y que ante «la negativa entraron por una ventana, habitando la casona vieja hasta el momento».
El funcionario manifestó que la situación generada encuadra en la figura de «usurpación». Recordó que cuando él fue a la estancia no halló roturas, pero sí carpas y unas 30 o 40 personas en el predio. El fiscal dijo que lo atendieron dentro del campo de la estancia. Hubo diálogo con Dolores y su abogado, «mientras éramos filmados». Indicó que se la invitó a que se retire o «al menos la hagan las 40 personas que no pertenecían al establecimiento. Ella nos manifestó que era heredera de una parte indivisa». Y «nos dijo que no se iba a ir ella ni sus invitados para realizar la conciliación».
Luego mencionó a tres empleados de la estancia y afirmó que los mismos se verían «intimidados» por las personas que estaban en el lugar. Las mismas les habrían «puesto límites» e informado «cambios en la manera» de trabajar. Una de las trabajadoras se «comunicó con Luis Miguel Etchevehere y el señor Taboada le arranca el teléfono», afirmó.
Hizo hincapié en que» no hubo sólo violencia física, sino intimidación de parte de 40 desconocidos que acompañan a la señora Dolores Etchevehere», a quien acusó de «realizar engaños».
Luego de recordar los detalles del ingreso de Dolores Etchevehere al predio, el 15 de octubre pasado con quince vehículos y unas cuarenta personas, los fiscales recalcaron que si bien está fuera de discusión que es heredera de los bienes familiares en un 12,5 por ciento, «no tenía derecho» a irrumpir en el campo ya que se encuentra en manos de una sociedad anónima manejada en conjunto por los accionistas.
«No tiene ningún derecho a actuar por las vías de hecho, por la fuerza, la violencia, la intimidación, el abuso de confianza y el engaño», dijo la fiscal Mónica Carbona y consideró que en las acciones de Dolores está claro el delito de «usurpación».
El fiscal Oscar Sobko pidió «reafirmar la vigencia de la Constitución Nacional» y «recuperar u obtener la paz perdida en este caso». Además, insistió en que «no discutimos» que Dolores sea heredera; pero que si pretende cambiar la forma de producción, «tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de la Sociedad Anónima Las Margaritas S.A.». Remarcó que «se ha extralimitado» y por eso solicitó que se «revoque lo resuelto por el señor juez de garantías (Raúl Flores)».
Pedir partición
A su lado, con máscara, se encuentra la fiscal María Constanza Bessa. «No vamos a discutir el carácter de heredera, o si este convenio fue firmado bajo presión. Sí importa que al firmar el convenio da cuenta del conocimiento limitado que tiene (Dolores), que es el 12,5%. Si ella pretendía los lotes que se le dan, debió pedir la partición. No tenía ningún tipo de obstáculo», dijo. «Las Margaritas S.A. estaba explotando pacíficamente el predio hasta la irrupción de la denunciada con alrededor de 40 personas, de manera ilegítima», agregó.
Extenso discurso del querellante
A su turno, tras los argumentos que presentaron los fiscales, Rubén Pagliotto, abogado de los Etchevehere, reiteró el pedido de desalojo, y sostuvo que se trata de «un hecho que tiene en vilo no solo a la provincia de Entre Ríos, sino a toda la República Argentina». Aseguró que funciona como «caso espejo».
Además, se refirió al fallo del juez Flores, que no autorizó el desalojo. «Más allá del fuero, no puede desconocer que es abogado», señaló. «Parecía el consejo de un abuelo bueno», criticó.
Apeló al «sentido común», de la jueza al momento de definir, y recapituló lo sucedido, desde su punto de vista. «Una persona que hace años no aportaba para Casa Nueva, de repente irrumpió con 30 o 40 personas y se establecieron», sostuvo.
En ese sentido, habló de un «acontecimiento trágico, desde el punto de vista jurídico», y sostuvo que Dolores encabezó un ingreso «clandestino» al campo, en el sentido en que no le dio oportunidad al directorio de la administración a decidir si se le permitía avanzar.
«No significa entrar encubierto, en realidad en este caso es ingresar a un predio eludiendo al directorio de la sociedad anónima», explicó el abogado. «Pero Dolores no podía pedirle ninguna autorización porque ella no tenía ninguna acción», agregó.
Defensores acusaron a los hermanos de extorsionarla
Ante la extensión del discurso de Pagliotto y la presentación de documentación escrita por parte de la querella, los abogados defensores de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, solicitaron pasar a un cuarto intermedio para verificar el material, reorganizarse y continuar con la audiencia.
Al retomar, Mobilia dijo que hubo un «atropello sistemático» por parte de sus hermanos desde hace 12 años y que «ella está en una fracción minúscula de lo que le corresponde», y cargó contra la querella y la fiscalía. Además, resaltó que la «llevaron a la insolvencia».
Por otra parte, el abogado se refirió a la cesión de derechos firmada en 2018, por la que los Etchevehere argumentan que Dolores se desprendió de sus acciones. Aseguró que la voluntad de su clienta se encontraba «viciada».
«Este acuerdo sobre el cual se basa la posterior cesión de acciones, no es una escritura pública. A Dolores la hicieron firmar en el marco de una extorsión. Está viciado en la forma y en el fondo», sostuvo Mobilia.
