“No hay ningún escrito de acuerdo de juicio abreviado de parte de la fiscalía. La fiscalía no acepta el juicio abreviado. Esa es una manifestación unilateral de la defensa que se reconoce culpable y presenta el escrito como para estar en mejor posición o hacerle saber al tribunal que está arrepentido o lo que sea. Pero no es algo que la fiscalía acuerde”, explicó Arias a Radio Ciudadana. El tribunal está compuesto por Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián.
“En términos judiciales ese escrito no tiene gran efecto porque en definitiva el acuerdo por el juicio abreviado se plasma con firma tanto del Ministerio Público Fiscal como personalmente de cada uno de los imputados donde reconocen su culpabilidad y se pactan las condiciones o la pena a imponer”, expresó. “Desde ese punto de vista, está claro que cuando uno admite ceñirse a un juicio abreviado se lo hace sobre la base de una imputación y la base de una confesión”, dijo. En consecuencia, sostuvo que sobre la base de la confesión se dicta una condena.
Arias explicó que el delito que se les imputa es peculado y tiene una pena de 2 a 10 años además de la inhabilitación perpetua para cargos públicos y el decomiso de los bienes mal habidos del erario público. Además, para los familiares, a quienes se imputó como partícipes necesarios, dijo que la pena es la misma que para los autores. O sea, de 2 a 10 años. “Después hay que merituar la culpa concreta. Por supuesto que quien maneja los fondos públicos y encima lo hizo reiteradamente, porque son ocho terrenos, tiene mayor culpa que el simple comprador de uno de los terrenos. La escala penal va a variar y la pena a imponer va a variar”, indicó
Por otra parte, el fiscal indicó que uno de los imputados cambió el abogado defensor ayer. Arias interpretó estar ante una maniobra tendiente a evitar el inicio del proceso. Además, podría no comenzar el juicio el próximo lunes debido a que hay otro imputado que quiere reemplazar a su abogado. “Sobre la base que entiendo que hay un entorpecimiento al accionar de la Justicia, he solicitado una audiencia para solicitar la prisión preventiva de todos los imputados”, indicó. La audiencia se llevará a cabo mañana, a las 9:30, y Arias solicitará que estén privados de la libertad hasta que se sustancie el juicio.
“Si bien es legítimo cambiar de defensor, en la forma que se lo hace, con la tardanza que se lo hace, dos días antes del inicio del juicio cuando en realidad la fecha de debate estaba fijada desde el mes de octubre constituye una actividad tendiente a entorpecer el inicio del juicio”, señaló. “Lo que la fiscalía pretende es ir a un debate, exponer lo que pasó y como han sustraído los bienes del Estado”, añadió.