La base de la acusación del ministerio público fiscal, es la imputación por el delito de incumplimiento de los deberes de un funcionario público, por la adjudicación directa del predio del campo del abasto, a la empresa privada CETRU S. A, sin licitación publica, en el año 2006. La larga lista de acusados, comienza por el ex intendente Juan Carlos Cresto, quien fuera su secretario de Gobierno Alfredo Francolini, y el entonces secretario de Servicio Públicos Daniel Martinez en la comisión de dos hechos, en tanto que a los ex concejales; Marcos Daniel Wdowiak, Roberto Abel González, Martín Santana, Ricardo Rubén Zubillaga, Jorge Luis Ramón Ferrera, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón, se les acusa de la comisión de un hecho, el haber aprobado en el Deliberante local, dicho contrato de concesión, sobre lo que la Fiscalía entiende, debió haberse efectuado una licitación publica, por tratarse de un servicio público.
Durante todo el proceso previo al debate y también durante esta jornada, los imputados han manifestado su convencimiento de que la disposición final de los residuos “no es un servicio publico” y tal se perfila el caso, ese es el punto central a determinar por el tribunal unipersonal, integrado por la Jueza Silvina Gallo.
La Defensa de los acusados es representada por los abogados particulares; Alejandro María Giorgio, en representación de Heriberto Pezzarini, y Oscar Bacigaluppe, por el resto de los encartados.
En tanto que la parte acusatoria está en manos de la fiscal María José Fonseca
