La tan esperada Megacausa de corrupción en Concordia que era vista con gran expectativa por la opinión pública y el periodismo local durante los casi seis años que duró la etapa de investigación y generación de prueba, comenzó a mostrar su escasa espectacularidad desde la primera audiencia. Apenas inició el debate, la Fiscal María José Fonseca, se vio acorralada por un planteo de la defensa, de precisar qué hechos estaba imputando a los encartados, ya que la acusatoria era bastante amplia. En cuestión de segundos, la agente fiscal se tuvo que despojar de más de la mitad de las acusaciones que integraban la plataforma fáctica, quedándose únicamente con las acusaciones de enajenación de bienes del Estado (Art. 44 hoy 80 de la Constitución provincial) y el no cumplimiento del llamado a licitación pública para un servicio público (Art. 14 de la ley 3001 -municipios-). Imputaciones que para configurar como el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, requieren que se pruebe que disposición y tratamiento de la basura es un servicio público, y que los imputados conociendo esto actuaron en desacuerdo con la ley.
Al respecto, la funcionaria dijo a DIARIOJUNIO, que “decir que la disposición y tratamiento de la basura no es un servicio público solo por el hecho de que no se paga una tasa, como lo hizo la defensa, es arbitrario, porque por ejemplo en la educación pública o el hospital público no se paga una tasa, sin embargo es un servicio público, pero además es un servicio público porque así lo establece la ley nacional 25916, cuando habla de gestión integral de residuos domiciliarios, y cuando hablamos de gestión hablamos de recolección, tratamiento y disposición final” dijo
Por otra parte, en lo que respecta al dolo directo, condición sine cua non para poder condenar a los imputados: La fiscal señaló que “tenían la obligación de pedir un dictamen formal al área de legales de la Municipalidad en cualquier convenio es necesario, y los abogados del Municipio aseguran que no dictaminaron al respecto. Es una administración estatal no se puede manejar como un patrón de estancia, hay reglas que respetar, si realmente no sabían que era un servicio público ¿porqué evitaron el dictamen del área de legales y de medio ambiente?” disparó la Fiscal, tras lo que precisó; “además, Cresto fue legislador, Francolini tiene estudios terciarios, Santana también, Pezzarini fue director de Cultura; la mayoría son o funcionarios de carrera política con mucha antigüedad, o profesionales, no pueden alegar desconocimiento”.
En relación a las denuncias por falso testimonio contra Larocca a Moguilner: Fonseca asegura que “yo ya lo adelanté en el juicio y en el momento de los alegatos remitiré los testimonios para que se corrobore la contradicción de ambos con respecto a lo que habían dicho antes”. Para el caso de Larocca, quien días pasados dijo a DIARIOJUNIO que más allá de la molestia, entendía que no prosperaría la acusación porque “el testigo declara sobre hechos y no sobre el derecho”, la fiscal de la causa sentenció: “eso lo determinarán los fiscales que lo investiguen” Sin embargo fue más categórica con el caso de Moguilner, de quien señaló “es mucho más grosero lo de Moguilner porque en la primera declaración la hizo por escrito, y en ella opina que la disposición de la basura es ‘Absolutamente’ un servicio público, y en el debate dijo todo lo contrario” .
No obstante, vale aclarar, en rigor los dos testigos son acusados de haberse contradicho en sus interpretaciones personales sobre doctrina judicial, y no sobre los hechos ocurridos.
El juicio continúa esta mañana con la declaración de empleados municipales que trabajaron en el Campo del Abasto en el periodo 2006-2007, y el lunes habrá otra audiencia con testigos propuestos por la Defensa, en tanto se prevé que los alegatos se expongan el 23 de marzo
