Mendoza se reunió con el Juez de Menores, Rodolfo Jáuregui, y señaló que no intercambiaron medidas porque cumplen funciones diferentes. “El rol nuestro no es la defensa penal del chico porque no solamente se contempla el interés del chico que está involucrado en el caso sino el interés colectivo de todos los menores respecto del cumplimiento de la ley en esta temática”, expresó.
Expresó que en estos momentos el expediente penal que se sigue como cualquier expediente de mayores, “con la diferencia que cuando llega la etapa final del juicio, la sentencia que dicta el tribunal del juicio no dicta pena sino que dicta o declara la responsabilidad material de la autoría del hecho y luego espera que concluya el otro expediente, el tutelar”.
En ese momento, el juez tiene que responder todos los interrogantes que le hace la ley de menores respecto de: “si hubo tratamiento, que resultado dio ese tratamiento; si el hecho tuvo alto impacto en la sociedad, si es necesaria la pena”, etc. En caso de decidir aplicar una pena, recalcó que tiene vedado sentenciarlo a cadena perpetúa. En consecuencia, debe optar por la pena de un homicidio simple, de 8 a 25 años. “En ese caso tiene que valorar lo que dice la ley: restarle un 30 % en el máximo y un 30 % en el mínimo”, explicó.
Para sustentar la posibilidad de otorgarle un tratamiento ambulatorio, Mendoza explicó que el artículo 37º de la Convención de los Derechos del Niño establece que “el encierro es la última medida y por el menor tiempo posible”. No dudó en que existen fundamentos para internarlo pero recalcó que se trata de suposiciones. “Desde la abogacía tenemos que hablar con fundamentos”, indicó.
Mendoza dijo que los hechos que generan conmoción social, como el triple crimen de Yerúa, sirven para ver: “que rol tenemos cada uno y que responsabilidades nos cabe cuando viene una criatura”. Dedujo que, a raíz de este hecho y otros similares acontecidos en los últimos dos años, significan que la sociedad está perdiendo el rumbo como tal. “No puede ser que nos demos cuenta de estas cosas cuando ya estamos frente al resultado fatal e irreversible”, indicó.
Además, dijo que en esta etapa se debe trabajar para descartar que el menor tenga algún problema en su constitución orgánica. Por lo tanto, deben despejarse las dudas sobre la existencia de algún problema neurológico, enfermedades como una epilepsia o un tumor. Posteriormente, deben indagar sobre la faz psicológica. Una vez que hayan culminado con esa cuestión, recién dilucidarán adonde deben llevarlo.
Respecto de los argumentos que puede alegar la defensa de la estabilidad emocional del menor al momento de cometer los asesinatos, dijo que cualquier persona que cometa un hecho de estas características, “en ese momento, al menos, no está en sus cabales”. Pero no se atrevió a ahondar en esa perspectiva porque consideró que sería “un acto de imprudencia”.
El itinerario de Mendoza incluye la escuela de Comercio Nº 2, “Martín Miguel de Güemes”, adonde se trasladó en la mañana de hoy. El Defensor del STJ consideró que el hecho produjo “un impacto” en el alumnado.
Por último, dijo que los hechos de estas características deben despertar toda la responsabilidad de la sociedad. “Cuando los chicos cometen estos hechos, o cuando aparecen drogados o borrachos, no cuidan su propia vida: ¿cómo van a cuidar la de los demás?”.
