“El debate del lunes se suspendió, pero seguramente vamos a tener una nueva fecha y existe la posibilidad de llegar a un juicio abreviado pero es muy prematuro para hablarlo”, indicó además Vittori. La abogada además dijo que si la resolución del juicio abreviado conduce a una pena de cumplimiento efectivo en una cárcel a Benedetto podrían evaluarlo.
El defensor de Benedetto, Jorge Romero, pidió al STJ que el juicio, que estaba a horas de comenzar, fuera pospuesto hasta tanto la Sala Penal resuelva un pedido de “exclusión probatoria” de un informe pericial que, según el letrado, no fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal a la Policía de Entre Ríos ni notificado a la defensa antes de dicho acto procesal”, según El Entre Ríos.
Benedetto actualmente está cumpliendo prisión preventiva domiciliaria acusado de cinco delitos lesiones leves agravadas, grooming, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y amenazas, en contexto de violencia de género.
Hace 15 días, Diego Briceño, otro de los abogados querellantes que representa a una de las víctimas, ya había adelantado que la nueva fecha de inicio “se va a suspender de alguna forma” -con lo cual la sustanciación del juicio se dilataría hasta el 2023- para que Benedetto pueda seguir descontando pena en su domicilio intentando llegar a un juicio abreviado por una pena mínima. (https://www.diariojunio.com.ar/caso-benedetto-creemos-que-va-a-dilatar-el-proceso-todo-lo-que-pueda-dijo-un-abogado-querellante)
Además, Briceño sostuvo que Benedetto podría acordar un juicio abreviado que implique reconocer una culpa aceptando una pena menor a la que podría recibir en un juicio oral. Por ejemplo, por un delito de los que se le imputa, la pena mínima es de seis años y, si acepta un juicio abreviado, podría recibir esa sentencia. Pero Briceño, a diferencia de Vittori, sostuvo que, en ese caso, los querellantes se iban a oponer. En ese hipotético caso, la fiscalía no debería aceptarlo. No obstante, el letrado admitió que es un tema sujeto a discusión ya que los fiscales tienen la obligación de ofrecerle un abreviado, aunque no siempre por la pena mínima.
