“Pasó más de una década, cargada de organización, de reclamos, de medidas judiciales, de acusaciones y de todo tipo de argumentos. La sociedad civil organizada, ONGs y profesionales de la ciudad asumieron este enorme compromiso con el cuidado del ambiente y la vida, han dedicado mucho tiempo y recursos para llegar hasta esta instancia definitiva”, recordó el presidente Municipal de Gualeguaychú luego de conocida la decisión de la Corte Suprema en el caso Amarras.
En este sentido, Piaggio recordó los pasos seguidos desde la intendencia: “En 2015 llegamos al gobierno convencidos de lo que teníamos que hacer. De hecho, el segundo día de mi gestión tuvimos la primera reunión con las organizaciones ambientalistas y grupos de personas autoconvocadas, para acompañarlos y delinear acciones en conjunto”.
La firma Altos de Unzué deberá ahora desmantelar el complejo inmobiliario desarrollado sobre el río Gualeguaychú. Esta decisión del máximo tribunal desestimó la última instancia judicial que tenían la empresa y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano para mantener el proyecto inmobiliario.
El caso
“El conflicto fue muy largo, creo que eso merece el doble de reconocimiento a quienes trabajaron en defensa de nuestro río y de nuestro futuro”, expresó Piaggio, al referirse al proceso que se inició en 2012, cuando comenzaron los desmontes, las quemas y el pedido al Municipio de Pueblo Belgrano para ampliar el ejido municipal.
Ante aquella situación la sociedad civil y el Municipio de Gualeguaychú empezaron a realizar pedidos de información sobre el megaemprendimiento. En 2015, el gobierno provincial emitió un Certificado de Aptitud Ambiental, a condición de cumplir cuatro requisitos: un plan de contingencia para inundaciones; uno para el tratamiento de residuos; otro de provisión de agua y, el cuarto, para el tratamiento de efluentes.
El Municipio de Gualeguaychú interpuso un recurso de apelación jerárquico y solicitó el cese de la obra. Ese mismo año, el abogado Julio Majul presentó una acción colectiva de amparo ambiental en ese mismo sentido, al cual adhirieron luego varias organizaciones ambientalistas y las firmas de más de 2.000 vecinos y vecinas de la ciudad.
Luego vinieron los fallos contra el emprendimiento de la Justicia de Gualeguaychú y los reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que rechazó los recursos presentados por Majul, habilitando, de esta manera, el recurso de queja presentado, finalmente, en la Corte Suprema.
En paralelo al expediente judicial tramitaba el expediente administrativo, donde la Municipalidad de Gualeguaychú propuso a la Universidad Nacional de La Plata para realizar los estudios de impacto ambiental. Los resultados de los mimos fueron que había “alto impacto negativo al factor ambiental”.
En julio de 2019, la Corte Suprema revocó el fallo del STJ e indicó que dicte uno nuevo ajustado a derecho, destacando la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, como también el derecho a vivir en un ambiente sano. Además, se resaltaron dos principios de precaución y prevención a favor de los recursos naturales: “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, priorizar la defensa de la naturaleza y el agua en caso de duda.
La Justicia entrerriana dispuso la “demolición y desmantelamiento” de Amarras y se ordenó “dejar la zona en su estado anterior”. De todas formas, Altos de Unzué y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano volvieron a recurrir a la CSJ, agotando la última instancia judicial posible para este conflicto. El fallo conocido este viernes pone punto final al mismo y en los próximos 180 días se deberá desmantelar todo lo edificado y restaurar lo afectado sobre la costa del río.
