En Avigdor viven inmersos en el mundo de la producción agrícola donde se usan masivamente los agrotóxicos. “Hasta hace unos años era una actividad muy naturalizada y no caíamos en las consecuencias hasta que en 2015 empezamos a ver que los aviones pasaban por arriba del pueblo sin saber que había una legislación”, dijo.
Koan recordó que, en 2015, cuando veían las avionetas cruzar el cielo de Avigdor, fueron a la comisaria y a la comuna pero no les prestaron atención porque tampoco sabían que la actividad estaba regulada. Pero en febrero de 2016 aplicaban, de manera aérea a menos de 800 metros de distancia, un agrotóxico lo que los llevó a hacer la primera denuncia. La aplicación se realizó cerca la casa de la abuela de Koan en el campo, donde viven actualmente sus sobrinos. “Al lado de un tanque de agua de consumo humano”, indicó. A pocos metros se encuentra una fundación perteneciente al ex ministro de Medio Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman. “Imaginense la connotación que llevaba encabezar una denuncia contra el ex ministro de Ambiente en 2016”, recordó.
Desde 2016 hasta 2021 se sucedieron las denuncias por aplicaciones terrestres. “Una tras otra fueron archivadas”, dijo. La última, realizada en cercanías del pueblo en febrero pasado cuando aplicaron un insecticida contra el pulgón que había avanzado en el sorgo, Koan dijo que en el pueblo “nadie hace nada”. De hecho, la familia de la presidente comunal era la que prestaba los servicios de fumigaciones a los lotes de la fundación de Bergman. “Eso para que vean la lectura respecto de la voluntad que tienen de regular esta actividad”, dijo.
Sin ningún tipo de respuesta favorable, decidieron presentar un recurso de amparo en la sala N° 1 a cargo del juez Diego Rodríguez. “Las evidencias del daño genético que producen las exposiciones a los agrotóxicos son inocultables”, indicó Koan. “Decidimos iniciar esta otra vía de amparo. Pedíamos primero declarar inconstitucional la resolución N° 47 a que se fumigue a 50 metros de manera terrestre en lugares donde hay ordenanzas que tampoco se cumplen. Y que se exhorte a la comuna de Avigdor para que legisle para alejar las aplicaciones del pueblo. Mientras tanto que se prohíban las aplicaciones terrestres a 1000 metros y las aéreas que se cumplieran los 3000 metros de distancia de escuelas, caseríos y cursos de agua”, dijo.
El juez falló a favor del recurso de amparo. Pero Koan dijo que para la provincia no era una buena noticia porque se sentaba jurisprudencia. “Apela el gobierno de la provincia y el de la comuna argumentando que no tenían la capacidad para legislar dado que ya había una norma provincial”, recordó.
La apelación llega al STJ (Superior Tribunal de Justicia) que falla a favor de los demandados: del gobierno provincial y de la comuna de Avigdor diciendo que el juez se había extralimitado en sus funciones. “Que como iba a declarar inconstitucional o pedir que se legisle por algo que ya se había legislado a nivel provincial”, dijo el docente.
“Vimos como un intento disciplinatorio que las costas de un amparo colectivo ambiental, que debería ser gratuito, las cargaron sobre mí, sobre nosotros los demandantes”, dijo Koan. En su momento, las mismas equivalían a una suma de $ 107.000. La medida de corte disciplinatorio se debió a que la gente “se está animando a hacer cosas que antes no se animaba”. Entre ellas, mencionó a las personas que sacaban fotos o videos de quienes fumigaban o a dieron testimonio cuando el juez vino a hacer un reconocimiento del lugar.
“Fuimos al STJ con el recurso para ir a la Corte y nos denegaron. Nos dieron lugar para ir con este recurso de queja y ahora estamos esperando para ver si nos dan lugar o no”, dijo Koan. “Es el segundo amparo que vamos con la Coordinadora a la Corte, el otro era el de las escuelas fumigadas que fue en febrero del año pasado”, indicó.
Koan remarcó que el problema continuo. Que solo denuncian las fumigaciones que alcanzan a ver. “¿Y todas las otras que no se ven? Terminamos siendo nosotros el organismo de control porque el organismo de control no funciona. Ellos mismos dicen que no tienen móviles ni herramientas para fiscalizar las fumigaciones. Creen que tener una receta agronómica firmada te asegura que los agrotóxicos no te van a llegar, pero se olvidan de la deriva de esos agrotóxicos por el viento. Cuando se termina de aplicar, el ingeniero se va, pero eso sigue: no es que se degrada y se va. Genera la contaminación del suelo, del aire y del agua”, remarcó.
“En este momento hay un montón de casos pero vemos que ha resonado más el caso de una gurisita que tiene que hacer un tratamiento con una droga que sale alrededor de $ 10 millones y el Estado no lo cubre y la madre ve la posibilidad de ir a Italia porque allá sale menos. La sociedad entrerriana se solidariza para juntar fondos. Pero lo que vemos acá es que tenemos que atacar las causas que generan esos daños genéticos en los gurises”, acotó Koan.
«Hace poco encabezados por el pediatra Ávila Vázquez, junto con la universidad, presentaron un estudio demoledor que demuestran las consecuencias de la exposición a agrotóxicos en la salud de los gurises. Fue un informe demoledor que está en nuestros fundamentos del amparo», indicó Koan.
En efecto, el mes pasado, el Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría publicó el informe “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, un trabajo realizado por un equipo interdisciplinario en el que recopilaron información científica, generada local y mundialmente sobre pesticidas y salud infantil. La investigación encabezada por la pediatra Maria Gracia Caletti refiere a los efectos que generan los agrotóxicos sobre niños, niñas y adolescentes.
“Cada día tenemos más evidencia, más estudios epidemiológicos, más pruebas de laboratorio de cómo el cerebro que está en desarrollo, que se están interconectando las neuronas, para poder alcanzar esa capacidades intelectuales, de pensamientos, de abstracción, de subjetivización que tenemos los humanos, es afectado desde el momento del embarazo cuando las madres están expuestas a los agrotóxicos y a las fumigaciones”, explicó el doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
