Estas políticas se llevan adelante debido a la situación de emergencia de millones de argentinos producto de la caída de la actividad económica y el aumento de la desocupación y la pobreza en los últimos años. “Ello llevó a la sanción de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y reactivación Productiva que se publicó en el Boletín Oficial del 23 de diciembre pasado, con 87 artículos” explicó el diputado.
A renglón seguido, detalló: “En el artículo 52° de la misma se dispuso un máximo en derechos de exportación, y que el 67 % del valor incremental se destine a las prestaciones de ANSES y PAMI, es decir a los Jubilados Nacionales. Además, el 3 % se destinará a un Fondo Solidario de Competitividad Agroindustrial destinado a créditos para pequeños productores y cooperativas administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.
A su vez, “el artículo 53° dispone que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo para mejorar la rentabilidad y productividad de pequeños productores y cooperativas, considerando las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”, señaló.
“Este fue uno de los temas principales que planteamos en la discusión de la Ley 27.541, tanto en el Bloque del Frente de Todos, como en la Comisión, junto a Diputados de otras Provincias, previo a su tratamiento en el Recinto. Ante los planteos, el propio Presidente acordó cambios al proyecto original, contemplando estos conceptos.”
En ese sentido, Casaretto recordó que “Alberto Fernández, e l23 de diciembre, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace acompañado por el Ministro Luis Basterra, quien además en los días siguientes se ha reunido con representantes de otras organizaciones representativas del sector y de la agricultura familiar”.
“En el diálogo sereno entre las partes se podrán arribar a criterios solidarios entre toda la sociedad, y contemplar las distintas realidades del sector”, aseguró al tiempo que afirmó: “Los derechos de exportación hasta la fecha se mantienen en un máximo del 30 %, tal como lo dispusiera el Gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2018. Los eventuales cambios a estos porcentajes forman parte de los temas del diálogo, dentro de los límites que marca la ley”, finalizó.
