El fiscal presentó hoy recursos extraordinarios de apelación con miras a llegar a la Corte Suprema de Justicia para evitar las excarcelaciones. La decisión de Casación «pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos».
«Existen sobradas muestras de la especial capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga», agregó.
Ahora, será la misma sala II del máximo tribunal del país la que determine, luego de dar intervención a todas las defensas, si habilita la apelación y abre el camino a que el tema sea tratado en la Corte Suprema.
Si los camaristas rechazaran los recursos, todos los represores quedarían en condiciones de salir en libertad y el fiscal tendría como última vía recurrir «en queja» al máximo tribunal, sin efecto suspensivo.
«Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrados por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por estos delitos», agregó Pleé en el texto al que accedió Télam.
Y consideró que «la construcción de aquella impunidad tiene efectos procesales en las causas en trámite y continúa en desarrollo: todavía debe determinarse en cada investigación si las víctimas de desaparición forzada son efectivamente «desaparecidas» o asesinadas».
«Al perpetrarse los crímenes de lesa humanidad imputados se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura», sostuvo.
Además, consideró que los argumentos usados para ordenar el cese de la prisión preventiva de los beneficiados por la sala II son «arbitrarios» y contienen «fundamentos sólo aparentes».
