Davite, Badano y Bruzzo informaron que será este miércoles, a las 13 horas, la cita para dar a conocer su sentencia tras escuchar a los abogados defensores que apelaron las condenas y las respuestas de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) a lo largo de seis audiencias.
El Tribunal de Juicio condenó a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupción. Al exministro Pedro Báez los jueces le dieron 6 años y medio de prisión. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Además el Tribunal consideró la culpabilidad del diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi como partícipe secundario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Lo condenó a 2 años de ejecución condicional. A Germán Buffa lo declararon partícipe necesario de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se lo condenó a 1 año y 2 meses de ejecución condicional. A Gerardo Caruso lo condenaron como partícipe necesario de negociaciones incompatibles y peculado y lo condenaron a 3 años de ejecución condicional más inhabilitación absoluta perpetua.
Miguel Cullen, defensor de Emiliano Giacopuzzi y la contadora Corina Cargnel, puntualizó una serie de reclamos que respondieron a lo esgrimido por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en base a lo que consideró eran «hechos novedodos» en el marco de las audiencias de Casación. En ese marco, el abogado negó que Urribarri haya sido precandidato a presidente de la Nación dentro de lo que se conoció como el Sueño Entrerriano.
El defensor de Urribarri es Raúl Barrandeguy. En segundo turno, el abogado se expresó en la misma línea que su precesor y agregó algunos puntos en las críticas a lo expresado por el MPF y la condena del Tribunal de Juicio. Criticó los informes telefónicos de las empresas que fueron utilizados como pruebas y aseguró que no se trata de «documentos estandarizados», según publicó Análisis Digital.
