– Tenemos entendido que el Poder Judicial pretende otro edificio en Gualeguaychú para desarrollar su actividad.
Carubia:- Efectivamente. El dato es que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, ha superado la capacidad edilicia de albergue, diría que largamente. De hecho ya estamos alquilando varios edificios cercanos a lo que es la sede principal de los Tribunales. Y eso para albergar, sobre todo, los organismos que se van creando. Y tenemos próximamente la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que nos va a traer un movimiento en toda la parte de los Ministerios Públicos. En suma, necesitamos más espacio. En ese orden hemos estado viendo distintas alternativas. Hace muchos años que estamos trabajando con gente de acá, de Gualeguaychú, buscando alternativas. Hemos visto hasta con mucha ambición el ex frigorífico. Pero claro, esto demandaría una inversión muy grande.
– ¿Ese espacio no es muy grande para tribunales?
– La idea era compartirlo con una universidad, con otros organismos oficiales. De todos modos, poner en funcionamiento ese edificio, en función de nuestras posibilidades presupuestarias, es hoy prohibitivo. Vimos otras alternativas y la que más nos conforma es un ofrecimiento que tuvimos de la municipalidad en relación a la vieja Terminal de ómnibus y el mercado. Es un edificio que está en un lugar espectacular. Un lugar importante, con buena superficie para construir, y además con entrada por las cuatro calles de la manzana. Creo que éste sería el lugar ideal para la nueva sede tribunalicia de Gualeguaychú.
– Como la vieja estación es municipal y la sede actual de tribunales es provincial, ¿acaso hay que imaginar una permuta de inmuebles entre esas dos jurisdicciones?
– Se verá la mejor modalidad jurídica, en función de los títulos de dominio y de las posibilidades que existen. La idea que tenemos es, si podemos construir allí, llevar todos los organismos judiciales a ese edificio. Claro, nos quedaría vacante el edificio nuestro, que le interesa a la municipalidad. Quizá podríamos hacer una especie de trueque de propiedades. Creo que la municipalidad tiene interés en darle una utilidad a la vieja terminal. Y no le desagradaría que allí fueran los organismos judiciales. Sobre esto venimos a hablar con el intendente. Veremos que nos depara el destino.
– Se podría decir que están en los primeros pasos.
– Los primeros pasos ya lo hemos dado. El primer paso formal lo estamos dando ahora. La idea está muy avanzada.
La plata no alcanza
– Usted habló de la implementación de la Reforma del Código Procesal Penal. Tenemos entendido que el problema ahí es fundamentalmente de carácter presupuestario. ¿Es así?
– Es cierto. Este sistema tiene un costo de implementación. A mediados de año, largamos con la jurisdicción de Concordia, Chajarí, Federación y Federal, con muy poco aporte presupuestario. Pedimos 2 millones de pesos para hacer la implementación de estas cuatro jurisdicciones. Que en realidad es la parte menos costosa la de la implementación. Efectivamente, nos dieron 250 mil pesos.
– O sea casi un décimo de lo que pedían.
– Lo que pasa que el mayor costo se vincula al personal nuevo en cargo. Si bien no nos dieron el dinero, esto se está pagando. Se han incrementado nuestras partidas de personal para poder pagar estos gastos. No tengo dimensionado exactamente cuánto es, pero estimo que al cabo del año rondará los 2 millones (…) Hubo que hacer una inversión de 250 mil pesos para el equipamiento necesario, algunas reformas edilicias. También aportamos fondos nosotros, de nuestro presupuesto normal, para esta reforma. Bueno, con eso y con mucho esfuerzo y mucha voluntad, se puso en funcionamiento. Las demás jurisdicciones requieren una inversión un poco superior. En Concordia tenemos un edificio nuevo inaugurado hace dos años, donde tenemos todo el fuero civil y laboral. Entonces, el viejo edificio de 1905 de la Sede de Tribunales de Concordia, quedó con espacio disponible para el fuero penal y de menores.
“Ha habido imprevisión por parte de los gobiernos”
– ¿Qué percepción tiene el presidente del Superior Tribunal de Justicia sobre la inseguridad en la provincia?
– No conozco las estadísticas concretas de la delincuencia en la provincia, ya que son variables que van mutando. Conozco lo que conocemos todos, es decir el impacto periodístico de la noticia del crimen. La provincia de Entre Ríos tiene problemas en seguridad, como está sufriendo buena parte del país. Me parece que esto es producto del crecimiento de nuestro pueblo, de nuestras sociedades, que están cambiando las modalidades. A eso se suma la posibilidad de interacción con gente de otras latitudes, que vienen a radicarse acá buscando más tranquilidad. Hay una serie de factores que coadyuvan a la menor seguridad. Y fundamentalmente me parece que ha habido alguna imprevisión por parte de los gobiernos, para generar planes de prevención en materia de seguridad e inversión. Fundamentalmente, de inversión en seguridad.
– En Gualeguaychú las víctimas de delitos se han constituido en una asociación civil, Asociación Civil por Verdad y Justicia. Tenemos entendido que usted ya la ha recibido…
– Es así. Hay varias en la provincia de estas organizaciones. En Paraná, por ejemplo, están haciendo una tarea muy importante. Hay una tarea importante en tratar de revisar las cosas que se hacen mal en la policía y en la justicia, en la investigación de los delitos. Aportan datos interesantes, yo personalmente trabajé con la Asociación de Paraná (…) Yo fui juez correccional en Concordia, así que conozco del tema. Aparte, cuando la gente está trabajando con seriedad en estos temas, lo mejor es hacerlo en conjunto e intercambiando información. Creo que hemos logrado algunas cosas interesantes en la revisión y en la verificación de muchos errores que se han cometido en la investigación de estos delitos.
Se reclama justicia pero no se denuncia
– ¿Cómo juzgaría el desempeño de la policía entrerriana?
– Es relativo. Es muy difícil de hacer una línea para determinar cuál es el nivel de eficiencia. Porque en algunos casos son tremendamente eficientes y en otros parecieran muy ineficientes. Creo que en la provincia de Entre Ríos se está trabajando muy bien. Porque a veces tenemos carencias de medios de investigación, hay carencias tecnológicas, carencias presupuestarias. Tenemos muchas dificultades en algunos casos. Tenemos un problema que es muy serio, que es el compromiso de la comunidad. Acá todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie lo dice ante quién debe decirlo.
– Esta desconexión entre la población y la institución policial es muy grave.
– Hay una especie de hipocresía también. Porque la misma población que reclama seguridad no se compromete colaborando con la posibilidad de facilitar esta investigación. También hay un problema de temor, de miedo. Es muy complejo el tema. Pero efectivamente hay una tendencia a no involucrarse en el conflicto.
El conurbano es otra realidad
– ¿No hay una tendencia de los jueces a vivir, por ahí, en una caja de cristal? Esto a partir del desmadre delictivo por ejemplo en Buenos Aires, donde se suceden los asesinatos…
– Pero no confundamos a la gente: la situación de la criminalidad en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires no tiene absolutamente nada que ver con la criminalidad de la provincia de Entre Ríos. Las soluciones para aquellos problemas no son las mismas que para los de acá. Y los factores criminógenos de allá tampoco son los mismos que los de acá. No confundamos: una cosa es la seguridad en la provincia de Entre Ríos y los problemas que nosotros tenemos, y otra cosa es saber lo que pasa en el Gran Buenos Aires, con una realidad totalmente diferente y un origen criminógeno bastante más complejo.
– ¿Qué cosas hacen falta para mejorar el servicio de justicia?
– Creo que más que inversión hace falta una reformulación de sus procedimientos. Me parece que hay que modernizarlos, hay que buscar procedimientos más adecuados a la época y a la celeridad con que la sociedad requiere las respuestas del Poder Judicial. Y nuestro procedimiento no nos permite hoy tener esa prontitud.
– ¿A qué se refiere, concretamente?
– El procedimiento es una herramienta. No es en si mismo eficaz o ineficaz. Ocurre que el procedimiento que tenemos está preparado para otra realidad. Son procedimientos muy viejos, procedimientos todos escritos. Recién hoy estamos entrando casi en una oralidad total, con el proceso penal. Con el intento que estamos lanzando recién en cuatro jurisdicciones de la provincia, y que esperamos que se extienda al resto del territorio. Con este procedimiento pretendemos hacer procesos que tengan un promedio de duración íntegro de tres o cuatro meses, no más de eso. Todo oral, sin papel, todo digitalizado, sin los grandes expedientes.
– El diputado por Gualeguaychú, Héctor De la Fuente, se pronunció en contra del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que propone aumentar el adicional por antigüedad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Dice que es un aumento encubierto, que no se justifica en función de la situación salarial del resto de la administración provincial. ¿Usted qué opina de esto?
– No voy a polemizar con el diputado, aunque respeto su opinión, que me parece absolutamente legítima. Creo que se equivoca. No es un aumento de sueldo ni es encubierto. Es absolutamente a la luz del pueblo, hecho a través de un proyecto de ley que se le remitió a la Legislatura. Esta es una vieja aspiración nuestra: acercar el régimen de antigüedad del Poder Judicial con el régimen de antigüedad de los empleados públicos de la provincia. El régimen de antigüedad del Poder Judicial, tenía un límite que creo que eran los 30 años de antigüedad. No se sumaba más. Si uno seguía trabajando después de los 30 años no sumaba más antigüedad. Después ese límite se llevó al 75 % del sueldo básico. Luego se llevó al 87,5 % y esta reforma lo lleva hasta el cien por ciento. Esto, más o menos, se adecua a lo que tiene la administración pública, sin perjuicio de que hay sectores de la administración pública que llevan el límite éste hasta un 120 % de sus remuneraciones. De lo que se trata, en suma, es de ir acercando un poco los regímenes existentes en el resto de la administración. Es el único adicional que tiene el Poder Judicial.
Ojo con las multas fotográficas
– El tribunal que usted preside, en un reciente fallo, marcó que las multas fotográficas en ruta lesionan algunas garantías. ¿Cuáles son las objeciones centrales a este sistema?
– Hace muchos años que tenemos jurisprudencia muy sólida sobre este tema. Creemos que la Ley Nacional de Tránsito establece ciertas garantías para que estos sistemas de prevención, entre comillas, funcionen como tales. Nos parecen que en general se utilizan como sistemas recaudatorios y no como de prevención.
– Algunos les llamamos ‘cazabobos’.
– Efectivamente. Están hechos para sorprender al automovilista, sobre todo al turista, a la gente que pasa por primera vez por el lugar. Y con una sorpresa: aparece uno o dos meses después la foto en su casa y no sabe que sucedió y dónde fue. Hemos exigido que este tipo de sanciones se implementen con las garantías que exige la misma Ley Nacional de Tránsito. No más que eso.
La cuestión de las designaciones judiciales
– ¿Hay alguna facilidad para poner a dedo funcionarios judiciales, para cubrir suplencias o interinatos?
– Hay una cláusula constitucional que le otorga al Superior Tribunal la facultad de cubrir las suplencias cuando se produzcan. Esto no tiene ningún límite y el Tribunal ha hecho la selección de los candidatos con absoluta libertad. En este caso no conozco que existan ese tipo de prácticas. El poder político es el dueño de la potestad de la designación definitiva.
– ¿La suplencia se cubre rápidamente?
– Rapidísimo. En ese aspecto la Constitución del ‘33 tenía esta cláusula, que es muy saludable, y que la envidian el resto de las provincias. Porque cuando se produce una vacante en el resto de las provincias tienen que cubrirla con subrogantes. Y sabemos los abogados los problemas que trae esto. Los subrogantes, que están saturados con su propio trabajo y tienen que atender el despacho de otro juzgado, no dan abasto. Hacen entonces una total delegación de funciones en el secretario y en los empleados de los otros organismos. En definitiva, no salen las sentencias importantes. Las cuestiones que debe resolver el subrogante se demoran mucho. Porque, claro, tiene toda su actividad en su propio juzgado. Esto es un problema tremendo en el resto del país. Nosotros, afortunadamente, tenemos la posibilidad rápidamente de cubrir esos cargos con gente que estimamos idónea para la tarea.
– Se han denunciado periodísticamente casos de familiares de funcionarios de la justicia que acceden a los cargos mediante esta vía. Todo lo cual genera lógica sospecha…
– Que yo sepa no hay ningún familiar que pertenezca al Poder Judicial en cargos que tengan que designarse en esa forma. Suplencias hay. Pero en suplencias donde son proposiciones de los jueces. Porque hay distintos niveles. Las suplencias de empleados y secretarios las propone el juez. Nosotros designamos, pero a propuesta del juez. No hacemos nosotros la designación directamente. El juez propone y nosotros hacemos la designación de acuerdo a la propuesta. Podemos rechazarle la propuesta si no nos gusta el candidato. Que yo sepa no ha sucedido esto. Después está el nivel de los ministerios públicos, y la designación la hace la cabeza de cada ministerio público. El defensor general de la Provincia y el procurador general en el caso de la fiscalía. Y en cuanto a los magistrados, la propuesta de designación la hace la sala del fuero dentro del Superior Tribunal y el cuerpo en pleno.
– Lo ideal es que los cargos se cubran mediante concursos como los que sirvieron de base a los juramentos que usted vino a presidir en Gualeguaychú.
– Sí. El problema de las suplencias es que hay demoras en la designación por parte de los poderes políticos, que tienen esto a su cargo. Ojala tuviéramos la designación en 30 días, que es lo que prevé la Constitución. Sería algo imposible con el sistema del Concejo de la Magistratura, donde hay concursos, audiencias públicas y demás. Pero sería saludable que con la mayor celeridad se cubran los cargos vacantes.
El riesgo de cambiar las leyes todo el tiempo
– ¿Usted suscribe la hipótesis de que los argentinos tenemos un carácter anómico?
Carubia:- Es probable que eso exista. Pero tenemos que revisar también un poco todo el digesto de leyes que tenemos. Porque tenemos leyes contradictorias. Tenemos un cúmulo de leyes. Porque para cada situación conflictiva que aparece en la sociedad sacamos una ley.
– ¿Hay una especie de inflación legislativa, entonces?
– Desde ya. Pretendemos solucionar la realidad a través de una nueva ley. Pero no es así (…) Lamentablemente acá buscamos el cambio legislativo, a veces sólo para satisfacer la opinión pública. El proceso de Blumberg es emblemático. Fue una cosa explosiva en donde se cambiaron todas las leyes. ¡Se hicieron unas mezclas!. Teníamos un Código Penal impecable, ponderado por el mundo entero en sus 80- 90 años de vigencia, más allá de que podía ser mejorable. Entonces se empezaron a tomar cosas sueltas y hacer cambios que distorsionaron toda la filosofía de nuestro Código Penal. Y hoy la mitad de esa reforma ha sido declarada inconstitucional, es incompatible con otras normas del propio código. Entonces, estas cosas favorecen un poco esa anomia. Este no responder a lo que dicen las leyes. Porque si tengo una ley que me dice blanco y la otra me dice negro, estoy en problemas. Si la que dice negro me favorece, entonces me inclino para ese lado (…)
Fuente: El Día
