Deseo también que los amigos de Gualeguaychú y de las Asambleas Ambientales comprendan que la gente de Concordia sentimos y valoramos su lucha. Somos tan defensores del medio ambiente como ellos. Pero deben entender que nuestra realidad es distinta y aceptar que, compartiendo sus objetivos, no comulguemos con sus métodos de lucha.
Duele advertir que en la declaración de «persona no grata» asoma un síntoma de intolerancia, que nos empobrece como sociedad, embarcándonos en la peligrosa senda del totalitarismo. Debemos aprender a discrepar respetuosamente, a sabiendas de que la diversidad de ideas nos enriquece como comunidad.
Pretender imponer un pensamiento único descalificando y condenando a todo aquel que no coincida con nuestra postura, es un acto de violencia que esconde un miedo aterrador a la pluralidad, y a la vez una implícita confesión de debilidad, ya que no se confía en la real solidez de los argumentos propios.
No es verdad que sólo nos guíe un objetivo material o monetario. Aunque no tendría nada de malo defender lo que es nuestro honesto medio de vida, en sucesivas publicaciones mencionamos los daños de todo tipo que causaba el corte. Hace pocos días nomás se publicó el caso tristísimo de una joven pareja bi-nacional de novios que tuvo que suspender su boda y recurrir a terapia para sobrellevar el impacto que tanta incomprensión les provocó.
Y, si hemos recurrido al Juez Federal para asegurar el libre tránsito es, precisamente, porque, a diferencia de los Asambleístas, nos resistimos a «hacer justicia por mano propia». Y preferimos, como corresponde en democracia y en un efectivo estado de derecho, recurrir a las instituciones.
La profesionalidad y eficacia de los efectivos de Gendarmería, demostró que no es ni era necesaria la represión ni la violencia para asegurar el derecho del libre tránsito internacional.
Espero que, una vez que pase la ofuscación y la necedad, ciudadanos de Concordia, Colón y Gualeguaychú podamos sentarnos en una mesa a discutir con nuestros hermanos uruguayos la mejor manera de defender y preservar el medio ambiente, a uno y otro lado del común río Uruguay.
La defensa de la vida y el desarrollo sustentable con inclusión social no son banderas de las que pueda apropiarse sector alguno, sino ideales comunes que deben inspirar políticas de Estado coordinadas y el accionar conjunto de ambos pueblos, siempre en un marco de pleno respeto a las soberanías nacionales y al estado de derecho.
