Desde el inicio mismo del documento, nos adelantábamos a aclarar que el informe no pretendía «ser una evaluación exhaustiva, de tipo cualitativo, de la labor que llevan adelante los legisladores. Solamente se propone brindar y analizar algunos datos», y estimábamos que «investigaciones más rigurosas» podrían «ahondar en el tema.» Intentábamos poner de manifiesto nuestro propósito al señalar que «nos parece de todos modos que es pertinente comenzar a instalar en el centro de la agenda pública la cuestión del control social de la actividad que desarrollan los legisladores como representantes de la soberanía popular, esencia del sistema republicano y representativo que consagra nuestro orden constitucional.»
De la información que obtuvimos de la fuente mencionada, surgían algunos datos cuantitativos, como – por ejemplo – que los senadores habían presentado «un total de 111 proyectos de ley, a un promedio de 6,5 proyectos por legislador. De todos modos, la media esconde un ritmo de trabajo muy disímil; en un extremo se encuentra el Senador Hugo Berthet (PJ, San Salvador), que presentó 17 proyectos de ley, y en el otro, los Senadores Luis Leiva (PJ, Tala) y Sergio Marsiglia (PJ, Uruguay), que no presentaron ninguno. Cabe aclarar que nos referimos a proyectos presentados como autores de la iniciativa, y no como coautores; dado que el figurar como «coautores» de determinado proyecto en general significa más un aval político que una verdadera tarea de elaboración de su texto.»
A su vez, señalábamos que se habían «presentado en ese período 9 pedidos de informes. La Senadora Teresa Ferrari (PJ, Paraná) es quien más informes solicitó al Poder Ejecutivo, en este caso 2, mientras que 9 senadores no recurrieron en absoluto a este mecanismo: Hugo Berthet, Carlos Garbelino, Eduardo Jodor, Luis Leiva, Luis Luna, Julio Majul, Sergio Marsiglia, César Melchiori, Carlos Orlandi, y Héctor Strassera. 8 senadores presentaron solamente un pedido de informes cada uno: Héctor Argain, Victorio Firpo, Juan Fleitas, Oscar Herdt, Mariano López, Carlos Orlandi, y Graciela Zambón.»
Como era de prever, fueron pocos los medios que se hicieron eco del mencionado informe. Entre otros, AIM Digital procedió a publicarlo, y fue a este medio que el Senador Julio Majul envió un comunicado con su respuesta, y con algunas consideraciones a las que me gustaría responder públicamente, aspirando a mantener un debate racional, civilizado y respetuoso.
Dice Ud., Senador Majul, que coincide en general con mi concepto de que «muchos proyectos se presentan para sumar números pero no significan nada». Pues, me alegro; dado que coincidimos, no nos detengamos en este punto.
No obstante, más allá de esa coincidencia, expresa Ud. que quiere explicarme que el proyecto referido a los Corsos infantiles de Larroque, que nosotros mencionáramos como ejemplo, «se debió a que el gobierno larroquense es radical (ni siquiera del NEE) y por eso el gobierno provincial le negaba todo apoyo a una actividad que para una ciudad grande o mediana no tiene importancia, pero que para esa pequeña ciudad es su más tradicional expresión carnavalesca». No me caben dudas de que tiene Ud. razón, Senador; nosotros mismos señalábamos en nuestro informe que «cabe aclarar que buena parte de estos eventos pueden ser muy trascendentes y meritorios, y no abrimos juicio sobre los mismos; nos limitamos a señalar que muchas veces las iniciativas de los legisladores se reducen a acompañarlos con una «declaración», que no tiene por lo general consecuencias de relevancia; y que por otro lado es una práctica que aumenta para las estadísticas la cantidad de proyectos presentados pero que pareciera estar lejos de constituir la tarea fundamental y primaria de un «legislador»; que según la Real Academia Española es – simplemente – «aquel que legisla». Y «legislar» es, cabe recordarlo, nada más ni nada menos que «dar, hacer o establecer leyes», sin ningún otro significado.
Lo que sí agregan sus palabras, es algo que muchos sospechamos y que Ud. ratifica; que esta administración provincial discrimina a las gestiones municipales en función de su color político, lo que es reprochable desde todo punto de vista, sea el intendente radical, del Nuevo Espacio, vecinalista, conservador, o lo que fuera.
Continúa Ud. expresando que «el sistema informático del Senado se niega en la práctica a publicar en la página web los dos proyectos más importantes de mi gestión: uno alternativo a la ley de reforma constitucional (ese día en el senado ingresaron dos proyectos: el oficial de la comisión, y el mío), y el de presupuesto 2004, que ocupaba en sus fundamentos más extensión que el del propio Jorge Busti».
Por lo tanto, nos vemos en la obligación de reconocer la inexactitud de la información que brindáramos. Se desprende de sus afirmaciones que debimos haber consignado que es Ud. autor de – al menos – dos proyectos de ley que omitimos mencionar; y sobre materias tan trascendentes como la reforma constitucional y el presupuesto 2004. Como podrá Ud. comprender, no teníamos ningún indicio que nos hiciera dudar a priori de la veracidad o de la exactitud de un sitio web oficial de una de las dos cámaras que integran nuestro poder Legislativo. A lo sumo, podíamos observar cierto descuido en su diseño, como se desprende de advertir que se presentaba al Senador de Uruguay como el de Tala, y viceversa. Cabe mencionar que tal error – quizás debido a nuestro señalamiento – ha sido subsanado.
Pero no deja de ser reprochable y de una gravedad institucional preocupante que las autoridades de la Cámara se nieguen a publicar sus proyectos. La publicidad de los actos de gobierno es un rasgo ineludible del sistema republicano y representativo, y si los ciudadanos no tienen acceso a información veraz y confiable sobre su gestión legislativa, el vínculo de representación se debilita y se resiente.
De todos modos, nos permitimos señalarle algunas acciones que pueden subsanar esa falencia: por ejemplo, un proyecto de ley que elimine los márgenes de discrecionalidad de las autoridades de la cámara, y que las obligue a publicar en Internet todos los proyectos de todos los legisladores: Y ya que estamos, podríamos agregar – como sucede en provincias hermanas – datos sobre el presupuesto de la cámara, su nivel de gastos, sobre su planta de personal, etc.. Y mientras este proyecto duerma en un cajón, nos permitimos hacerle llegar una sugerencia, con todo respeto: ponga toda esa información a disposición de la ciudadanía en su propio sitio web. Hoy en día los costos para hacerlo son despreciables, y es muy sencillo.
En lo que me permito disentir con Ud. es cuando afirma que «no cree que la tarea esencial de un legislador opositor, y sobre todo cuando está solo de toda soledad, sea presentar proyectos de leyes a los que sencillamente el peso de 14 de 17 integrantes del senado condenará a morir en las comisiones, sino el de controlar la actividad del oficialismo». A mi modesto entender, las tareas esenciales de un legislador opositor son dos; una, como Ud. dice, es controlar la actividad del oficialismo. Y la otra – no menos importante – es prefigurar una alternativa superadora de la gestión de turno. Y eso se logra mediante la presentación de proyectos de leyes. Ahí es donde se ve el trabajo, la seriedad, la coherencia, y la dedicación de un legislador. Ud. mismo lo ha hecho, a través de la presentación de proyectos alternativos en cuestiones tan importantes como las mencionadas. No importa que el peso de mayorías circunstanciales condenen a esos proyectos al archivo, es importante que la ciudadanía sepa que hay legisladores de la oposición que no se conforman con criticar y oponerse, sino que frente a cada problema tienen una solución alternativa.
Por último, tenga Ud. la plena seguridad de que no sólo he tomado conocimiento de sus razones; también las acepto, en algunos casos las comprendo, y en algunos las comparto.
Sin más, agradeciéndole la deferencia de haber respondido a nuestro informe, y de habernos ilustrado sobre aspectos que desconocíamos, lo saluda cordialmente.
