«Después de mucho esfuerzo logramos un acuerdo con la mayoría de los demandados en este juicio para abonar entre todos el monto convenido por la Justicia y evitar que la parte actora ejecute la sentencia únicamente a través del embargo de los ingresos del Instituto de Pediatría y del Doctor Arizabalo, como venía sucediendo hasta el momento», detalló Jáuregui. «Hace tres meses que trabajamos en esto y afortunamandente logramos que el gobierno provincial y el resto de las partes tomen dimensión de la urgencia que implica la quita de ingresos al Instituto de Pediatría, teniendo en cuenta sobretodo la emergencia sanitaria actual, donde los problemas financieros que pueda atravesar la Institución impactan directamente sobre la salud pública de la provincia», agregó
Sin embargo, el abogado denunció que una de las partes demandada – la empresa de seguros ‘Prudencia’ – no se ha manifestado aún al respecto ni firmado el convenio del pago de la cuota que le corresponde. «Ni siquiera responde los mensaje ni llamados», remarcó Jáuregui. «Y sin el acuerdo de todos no podemos levantar el embargo preventivo que tiene Pediatría, ni devolverle a Concordia la prestación que ofrece una institución de tal magnitud», añadió.
Sobre ello y a modo de ejemplo, el letrado comentó que el Instituto tiene todavía dentro del nosocomio los residuos patológicos utilizados durante el fin de semana «porque la empresa encargada de recolectarlos aún no cobró y suspendió el servicio». Además, detaĺlo que están teniendo problemas con el suministro de oxigeno, entre otros insumos basicos para la operatividad, como así también con el pago del salario del personal. «Este fin de semana tuvieron una situación con una nena a la que se le cayó un árbol en el abdomen y debieron operarla. Y si bien la cirugía se pudo llevar a cabo, quedó en evidencia que de persistir esto del embargo, el Instituto no podrá volver a operar».
Finalmente, el abogado aseguró que con el resto de las partes el convenio se logró a través de un grupo de chat y con un mediador que puso el gobierno. «Logramos así un acuerdo que consiste en dos aspectos: por un lado, desistir de los recursos de apelacion y queja que están en la cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, y por el otro, pedir la apertura de una cuenta judicial y establecer de manera mancomunada la cuota que cada codemandado debe abonar». Y concluyó: ‘Lamentó profundamente que no se pueda avanzar y que una aseguradora de médicos, en vez de cubrir el efecto dañoso de forma rápida y eficiente, falte sin motivo alguno a la prestación que le corresponde»
