La legisladora remarcó que los internos necesitan una vida más saludable para poder reinsertarse socialmente y no volver siendo un “peligro”. Y recordó el artículo 18º de la Constitución nacional que establece: “cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Respecto del pedido de audiencia con Garavano, indicó que esperan una respuesta para la semana próxima. Asimismo, indicó que insistirán a pesar del recorte de fondos para obras públicas que anunció la Nación para rebajar el déficit fiscal. “No sé, pero vamos a pedir. La peor gestión es la que no se hace”, mencionó.
“Estábamos de acuerdo con la ley, pero había cosas que teníamos que ajustar”, indicó. La diputada indicó que cuando se sancionó la ley de Narcomenudeo, se preveía que en el interior de la provincia se podían generar inconvenientes dado la posibilidad de que se incrementen las causas y los detenidos.
Una muestra de ello es lo que sucede en la Cárcel de Mujeres. Lena remarcó que cada vez hay más de 100 mujeres detenidas y la mayoría por narcotráfico. Y por ello se observa, a simple vista, una sobrepoblación de internas. “Yo soy mujer y la cuestión de genero me llega con más sentimientos”, dijo.
Hay mujeres de toda la provincia. Inclusive de Misiones y de Paraguay. Cuando la diputada les preguntaba por qué delito fueron encerradas, la respuesta era que se debía a la ley de estupefacientes. “Uno no quiere ahondar demasiado en ese tipo de conversación, pero son mulas o son vendedoras, esa es la realidad”, dijo.
La diputada recorrió los pabellones donde ya no hay más lugar para seguir albergando internas. Se encontró con que el lugar de recreación, un espacio común donde estaba el comedor, y se reunían para tejer o coser, fue convertido en un pabellón. En consecuencia, ya no comen todas juntas, sino que lo hacen en sus pabellones. Además, el estacionamiento de autos se está reformando para transformarlo en talleres. “Hasta acá llegaron con el espacio”, indicó. Solo tres ámbitos diferentes donde pueden estar para salir de los pabellones: dos talleres (costuras y pastas) y un patio “muy chiquito”, dijo Lena.
De cualquier forma, Lena remarco que están “mucho mejor” que los detenidos varones ubicados en la Unidad Penal Nº 1 ubicada enfrente. En tanto, en la UP 3 de Concordia hay cerca de 170 internos. “Ya está superpoblada en un 15 o 20 %”, dijo el defensor oficial Alejandro Giorgio. “Sé que se están haciendo algunas reformas para alojar a más internos pero igual el lugar físico no va a ser el más conveniente. Va a haber hacinamiento porque ya no da más por más que uno construya hacia arriba por así decirlo. No se soluciona el problema”, indicó. “Todas las cárceles de la provincia están superpobladas”, acotó, además.
Tobilleras electrónicas
Para descomprimir la situación de las cárceles entrerrianas hay dos o tres iniciativas. Una de ellas es la posibilidad de darles el beneficio de la prisión domiciliaria, mediante tobilleras electrónicas, a los detenidos con prisión preventiva o a aquellos que hayan cumplido las 2/3 partes de la condena y estén en condiciones de obtener la libertad condicional.
Giorgio destacó que se firmó un convenio con el ministerio de Justicia de la Nación para entregar 200 tobilleras electrónicas en forma gratuita. “Eso es progresivo y ya se está aplicando”, dijo.
Otra iniciativa es la de construir cárceles en la provincia. Giorgio dijo que sabe que el intendente Enrique Cresto hoy volvió a insistir con la edificación de un establecimiento penitenciario en el departamento. “Ese proyecto estaba, no digo que parado, pero ahora va a tomar otro impulso”, indicó.
La posibilidad que está clausurada es la de utilizar las comisarias para alojar a los internos condenados. Giorgio recordó que, luego de que, en 2015, en la Alcaidía, uno de los presos Juan Pablo Franchi, lograse escaparse luego de matar al sargento primero, Néstor Alcides Fernández y herir gravemente a otro, Eduardo Fabián Cardozo, huir a Colón y suicidarse luego de que una dotación policial rodease el lugar, el STJ (Superior Tribunal de Justicia) recordó que ningún interno puede estar más de 30 días en lugares de transición.
“Los lugares de prisión preventiva son los domicilios o las unidades penales. Acá no podemos vivir la experiencia que vive Rosario, Córdoba o Buenos Aires. No podemos alojarlos ahí”, dijo.
Una tercera salida es la posibilidad de alquilar un lugar, con todas las seguridades, en forma provisoria a cargo del Servicio Penitenciario donde alojar internos procesados por delitos menores o que no sean peligrosos.
Asimismo, el defensor oficial aclaró que los detenidos por narcomenudeo no deben ser juzgados por la Justicia Federal. “Si es narcomenudeo se delega la competencia a la provincia. La investigación preliminar y el juicio se hacen en la Provincia”, dijo. Como se distinguen quienes deben ser juzgados por la Justicia federal y quienes, por la ordinaria, Giorgio explicó que lo que se conoce en la jerga como “kioscos” en los barrios. “Cuando hay una banda grande, ya es para la Justicia Federal”, señaló.
Por ello, en compensación a la provincia por ocuparse de temas ligados al narcotráfico, en pequeña escala, y el incremento de los detenidos, la Nación otorgó las tobilleras y los módulos. Los módulos son “casillas grandes” prefabricadas donde se alojan 40 o 50 internos. En la granja penal de Gualeguaychú, de 50 hectáreas de extensión, podrían instalarse tres módulos. Pero no es tan fácil dado que la provincia también debe encargarse de nombrar personal penitenciario, médicos, asistentes sociales, proveer de alimentos, etc.
