«Hoy y ayer estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación», explicó el jefe de ministros durante una conferencia de prensa en el Chaco, en lo que fue su primera visita a su provincia desde que asumió en el Ejecutivo nacional.
Capitanich recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que «indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial».
«La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional, explicó y mencionó que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción”.
Para el funcionario «tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana», agregó y aseguró que desde el gobierno nacional se busca lograr el mejoramiento macroeconómico mediante el incremento de ingresos por exportaciones, y el aumento de la producción y el empleo.
