“Puede sonar raro que desde el Colegio se haga esta propuesta pero nosotros como abogados, en nuestra ley de creación del Colegio, tenemos el compromiso de la defensa de los derechos humanos y entendemos a la salud como un derecho humano”, explicó Martínez Aquino. “Las capacitaciones están previstas en el articulado de la ley provincial pero al no haber avanzado en la reglamentación no se han posibilitado”, indicó Martínez Aquino a ‘Tarea Fina’ (FM 89.7- Radio Ciudadana).
Además, la capacitadora dijo que no quieren esperar a que se reglamente la ley de cannabis medicinal sino que contemplan avanzar en la propuesta. “Abarca diversos ítems. Primero apunta al cannabis medicinal, a tratar de dejar esa mirada que criminaliza a quien tiene acceso o consume con fines terapéuticos o medicinales que está íntimamente relacionado con estas detenciones cuando suceden hechos como el que pasó hace unos días”, mencionó.
Por ejemplo, en Paraná, el 16 de septiembre pasado, alrededor de las 20, como ya había hecho otras veces, un joven cuya identidad no fue dada a conocer, entró a la plaza Elio Leyes, ubicada en calle Mitre y José María Torres de Paraná. Llevaba una mochila con ketamina, unos frascos con marihuana y un blíster con ansiolíticos que le había indicado su médica para iniciar un tratamiento para darle pelea a la adicción. Sentado en la oscuridad y en total soledad, acababa de inyectarse cuando cuatro uniformados lo cercaron. Comenzó en ese instante un procedimiento policial duramente cuestionado: desde la requisa ilegal de las pertenencias de X al permanente maltrato verbal y físico de casi todos los policías que participaron. Y otro clásico de la violencia institucional: el médico policial no anotó en el acta las lesiones que había sufrido, según publicó Uno Entre Ríos.
La capacitadora mencionó otro caso. “A la salida del Túnel Subfluvial unos chicos ingresaban a Paraná, tenían el registro y la Policía desconocía el registro y además no tenían la tecnología suficiente para leer el código QR de acceso a esa habilitación que da la ley nacional, no solo para el cultivo sino también para transportar una cierta cantidad de cannabis con la autorización de un médico”, remarcó.
“Entendemos desde el Colegio que es fundamental acompañar ese reclamo, acompañar esa causa porque los cambios sociales se producen con el compromiso de todos. No solo del Estado sino de todas las organizaciones de la sociedad civil que hace muchos años vienen luchando por este reconocimiento”, recalcó Martínez Aquino.
La mujer reconoció que las leyes son novedosas. La Ley provincial N° 10.984 fue sancionado hace cinco meses y falta que el conocimiento de la misma llegue “a quienes están encarados de la seguridad de todos los ciudadanos”. Por ello, reclamó como fundamental “romper el estigma” que rodea a quienes consumen marihuana. Martínez Aquino subrayó que las personas que consumen para tratar alguna dolencia no son criminales y “eso tiene que quedar claro”. De la misma forma, remarcó que la persona que está inscripta en el Reprocan (Sistema de Registro del Programa de Cannabis) “no es un criminal”.
La capacitación en Cannabis Medicinal, añadieron desde el Colegio de Abogados, surge evidente a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 27350 y la Ley Provincial N° 10894, normativa que debe ser conocida y aprehendida por la fuerza policial, adaptándose de este modo a los nuevos paradigmas sociales.
La capacitadora explicó que la Policía tiene una gran estructura que se divide por jerarquías. El planteo es llegar a la mayor cantidad de agentes posible, más allá de que muchos trabajan en esa área específica por la tarea que desempeñan. “A esto lo tienen que conocer todos porque cualquier policía de civil en la calle se puede topar con una situación que termine de una manera poco feliz sin necesidad de que termine así”, indicó.
“Desde el Colegio queremos que no se sigan repitiendo este tipo de cuestiones que están sucediendo con estas demoras a ciudadanos innecesarias. Esto genera un dispendio innecesario de tiempo y de recursos humanos de la policía y un dispendio judicial innecesario porque son causas que terminan en el archivo”, dijo la capacitadora.
La mujer admitió que los cambios culturales son los que mayor tiempo llevan para concretarse y la sociedad entera viene absorbiendo desde hace muchos años la criminalización del cannabis. “Estos cambios se tienen que dar por parte de todos. No solamente por parte del Estado. Tiene que haber un cambio del paradigma social”, remarcó.
