La decisión política todavía no está tomada. Pero técnicos de Cancillería evalúan desde hace algunos días el encuadre legal que podría darse a una restricción a las exportaciones destinadas a Botnia en Fray Bentos y a sus contratistas uruguayas.
Para ello realizaron consultas con diversos organismos. El Código Aduanero argentino prevé en su artículo 610, inciso h, la restricción en las operaciones de comercio exterior por “prevención del medio ambiente, conservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación”.
La medida podría ser aplicada por la Aduana, pero antes debería ser dictada por otro organismo competente. Por ejemplo, en los últimos dos años se frenaron importaciones de “PCB” –una sustancia con efectos cancerígenos– a través de una resolución firmada por Medio Ambiente; o se suspendieron importaciones de amianto por una resolución del Ministerio de Salud. En el caso de los envíos de insumos a Botnia podrían ser la propia Cancillería o la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Romina Picolotti, las áreas encargadas de redactar la norma.
Como antecedente, en noviembre de 2005, la Aduana paró un envió destinado a Botnia de una empresa metalúrgica de San Pedro. Frente al contratiempo, Botnia optó por contratar con una metalúrgica chilena. Alertados de la operación, grupos ecologistas monitoreaban los pasos argentinos, por lo cual la exportación chilena debió dar toda la vuelta a través del Canal de Panamá.
Esa experiencia indica que si la administración Kirchner decidiera vedar las exportaciones de insumos destinados a la pastera finlandesa, el proceso de inversión podría demorarse. Según los técnicos, es una de las pocas medidas que de manera unilateral podría imponer la Argentina frente al enorme poder que ha mostrado Botnia a nivel internacional. Se estima que la construcción de la fábrica de Fray Bentos no se detendría. La pastera podría cerrar trato con nuevos proveedores en Brasil.
De ahí que en la balanza de la decisión política no sea sencillo equilibrar los platillos. Si Kirchner ordenara instrumentar la medida, el conflicto político con el gobierno de Tabaré Vázquez escalaría otro paso. Y comprometería aún más la supervivencia del Mercosur. Hasta ahora, los países socios del bloque sólo restringieron importaciones intraMercosur, después de largas negociaciones, aduciendo motivos de política comercial: daño a la producción local, o dumping. Esta sería la primera vez que se esgrimiría como argumento la preservación del medio ambiente.