PEQUEÑOS, MEDIANOS Y MONOTRIBUTISTAS
Una de las pocas reivindicaciones que justifican socialmente la intransigencia agraria y este extenso conflicto es la aparente injusticia de la medida para con los pequeños y medianos productores. ¿ que son para el gobierno pequeños y medianos ? veamos y concluya Ud. que es y que no es razonable.
Son productores de la Pampa Húmeda con campos de hasta 150 hectáreas que cosechen en esta campaña un máximo de 500 toneladas de soja o girasol, mientras que las explotaciones de zona extrapampeana no deben superar las 350 hectáreas. Todos ellos deben haber facturado como máximo $ 500 mil la campaña anterior neto de IVA y no más de $ 800 mil en la actual. Quienes están dentro de estos valores son considerados pequeños y medianos productores.
Ahora bien, las cámaras agropecuarias consideran que son límites muy acotados.
El Gobierno responde que el propietario de un campo de 150 hectáreas que produce soja o girasol en la Pampa Húmeda es dueño de un activo que ronda entre 1,5 millón y 2,2 millones de dólares, mientras que en zonas extrapampeanas 350 hectáreas dedicadas a esos cultivos tienen valores de mercado de 800 mil a 1,7 millón de dólares. El margen bruto –ingresos menos costos antes de impuestos– promedio para un campo de 150 hectáreas en la primera zona supera los 240 mil pesos por cosecha de soja y 300 mil por girasol, según cálculos del Gobierno. Por lo tanto, dicen desde el Ejecutivo, no se justifica compensar a productores de mayor tamaño y más facturación.
PARA ESTOS SECTORES EL GOBIERNO PROPUSO
Retenciones que implican un porcentaje menor a lo que pagaban en marzo. Si este sector pagaba en marzo el 35 % ahora y con la nueva propuesta del gobierno pagaría varios puntos menos de ese porcentaje. En números concretos podría decirse que es así :
Que las compensaciones (o sea el dinero que el gobierno les devuelve) pueden llegar a un máximo que ronda los $ 30.000 para los productores de 500 toneladas de soja y a $ 65.000 para quienes cosechen esta campaña 500 toneladas de girasol. Sin embargo, por ahora apenas 308 productores iniciaron el trámite para cobrarlas, sobre un universo estimado de 62.500. ¿Por qué tan pocos?
Aquí es donde adquiere relevancia el dato fiscal, esto es, si esos productores están en negro o en blanco. Otra razón es el conflicto agrario y la nula difusión que las entidades dan a estos reintegros y, por último, es que de ese padrón de 62.500 eventuales beneficiarios, una buena cantidad ya no se dedica a la producción sino que vive de la renta –jugosa– de sus campos, fenómeno ciertamente extendido desde que se produjo el boom sojero de 2002 en adelante.
Es en ese marco que las palabras del piquetero Alfredo De Angelis deben entenderse dice él “no queremos que nos devuelvan, pedimos que no nos saquen”. Esa expresión que algunos la califican de sabia y simple, es, literalmente, mentirosa.
Es que, si están en negro no acceden a la devolución de ese dinero. No es papelerío y burocracia como dice el piquetero, quedan al descubierto, simple.
Cualquiera podría sostener y hasta razonablemente decir “bueno pero recién se están recuperando de la debacle menemista”. Está bien, se entendería pero no dicen esto, dicen que este gobierno es un estorbo y se niegan a reconocer que toda la sociedad realizó un esfuerzo para que obtengan esa recuperación.
Vayamos ahora a los monotributistas ¿a quienes se considera en este sector?
A productores cuyo nivel de facturación no supere los $ 144 mil de soja o girasol.
Ahora bien, para facturar un máximo de $ 144 mil de soja o girasol los campos no deberían exceder las 20 o 25 hectáreas según la zona, explotaciones pequeñas que más les valdría dedicar a otras producciones agropecuarias (ganadería, porcinos, pollos, leche, etc.). El Gobierno pretende mostrar su incorporación al universo de productores que pueden pedir reintegros como un gesto hacia las entidades rurales, que así lo habían reclamado.
Hoy, el periodista Daniel Miguez dio cuenta que…
Las modificaciones a las retenciones móviles anunciadas el jueves pasado incluyeron la incorporación de los monotributistas agropecuarios como beneficiarios de los reintegros para pequeños productores. A partir de esta medida, el Gobierno agudizó la mirada sobre estos pequeños contribuyentes. Según pudo averiguar Página 12, funcionarios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que dirige Ricardo Echegaray, empezaron a analizar el mecanismo de un trámite que se supone de rutina y como alquimistas del entrecruzamiento de datos lograron cantar “eureka”: detectaron serias irregularidades en la emisión de certificados de comercialización y transporte de granos: gran cantidad de monotributistas cargaron camiones por cifras astronómicas, que superan largamente los 144.000 pesos anuales, que es el tope de facturación para esos contribuyentes. El caso emblemático es el de un productor que certificó, en siete meses, la movilización de 21.094 camiones de cereales. Esto equivale a transportar unas 630.000 toneladas e ingresos varias veces millonarios. También descubrieron un mercado paralelo de venta de los certificados conocidos como “cartas de porte”.
EL CURRO
La otra “perla negra” que descubrió el Gobierno (según el mismo periodista), es un mercado paralelo de venta de cartas de porte que equivale a la comercialización de 9 millones de toneladas de granos no declaradas. Al comprar el formulario en el mercado negro, se evita su registro en la Oncaa.
Esta irregularidad podría derivar en que el Estado les quite a la Federación Agraria y a la Federación de Acopiadores de Cereales la potestad de imprimir y vender las cartas de porte, ya que esa tarea se había delegado en estas dos entidades. Si eso sucediera, ambas dejarían de percibir unos 12 millones de pesos anuales, que según el Gobierno es lo que facturan con la venta en blanco de estos certificados.
Pero al margen de la venta declarada de certificados, en la Oncca aseguran que en el mercado negro se venden unos 300 mil formularios por año, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de toneladas de granos no declarados. Como el monopolio de estos formularios los tienen la Federación Agraria y la Federación de Acopiadores, en la Oncca quieren saber si hay un fraude desde adentro o si las dos entidades también son víctimas de la venta ilegal de sus certificados. Los formularios oficialmente se venden a 5 pesos (3 van para las dos entidades y dos para el Estado), pero según el Gobierno en el mercado negro se venden entre 60 y 90 pesos. Pagan 10 o 20 veces más el certificado, pero evitan que ambas entidades lo declaren al Estado. La venta de certificados en negro generaría un negocio de 30 millones de pesos al año que alguien se queda.
Ante este cuadro de situación el Gobierno está evaluando que la impresión de los certificados y su distribución se centralicen en un ente creado con ese sólo objetivo y que además ese ente realice los controles sobre los productores como requisito previo a la entrega del formulario.
Si se adopta esa medida, se crearía un nuevo frente de tormenta con la Federación Agraria y con la Federación de Acopiadores de Granos, ya que les quitarían la habilitación para ser ellas quienes hagan esa operatoria.
EL DÓLAR y LA PIÑATA
Si es cierto, como algunos se empeñen en asegurar que el gobierno “arregló con el grupo Clarín” lo disimulan bien. Basta leer o ver los medios que maneja el grupo para comprobar el disimulo o la falsedad de la información.
Un dato que todos se empeñaron en pasar por alto. La sociedad argentina, TODA la sociedad aportó para que exista un dólar competitivo. Así, los sectores exportadores (el campo, la industria) se recuperaban, eran competitivos y hacían importantes diferencias. Ese buen negocio al que aportamos todos, se supone, debía tener como contrapartida precios razonables en el mercado interno (para repartir algo de la abundancia entre el resto de los mortales, o sea, la mayoría de nosotros), en rigor, una de las razones de las retenciones y los subsidios a los grupos formadores de precios. No es tan sencillo en este país.
La voracidad y como otras veces, se desató. Los poderosos llegaron a la misma conclusión de Eduardo Buzzi en cuanto a que los K son un obstáculo al crecimiento (al de ellos, claro) y pincharon la gigantesca piñata. Como otras veces también, todos a la espera de arrebatar lo que más puedan. Los que perderán, obvio, serán los más débiles y pequeños, como en los cumple de los niños. El Estado, que luego de Martínez de Hoz y el menemismo se quedó sin herramientas que defiendan a la sociedad, está utilizando una de las pocas que procuró este gobierno, el manejo de la variable monetaria. Así, logró, por ahora, emparchar la piñata. Por eso hemos visto como, en defensa de toda la sociedad, el gobierno procuró la baja del dólar al que los especuladores de distintos pelaje (no solo arbolitos) quisieron llevar a las nubes y, ser los primeros en ubicarse debajo de la piñata. La semana pasada el dólar quedó en $ 3,13 (la medida apunta a morigerar la inflación) y es un mensaje a quines producen y venden para el exterior y, además, se empeñan en jugar a la arrebatiña.
Para contrarrestar el duro golpe asestado por el gobierno a los especuladores, ayer domingo el diario Clarín titulaba en el suple económico “vuelve el boom importador”, en él y como no podía ser de otra manera reclaman un dólar más competitivo, o sea, uno de $ 3,70 o $ 3,80. Obvio que, previamente asustan con el déficit de la balanza comenrcial.
Habrá que observar como continúa la disputa, por lo pronto los que venden granos y los están reteniendo deben saber que ya se habla de un dólar a $ 3.- no a $ 3,70 como especularon en algún momento. En millones de toneladas, no estamos hablando de monedas. También ellos deberán pensarla bien.
Aunque haya “progres” con la camiseta del campo que lo nieguen, hoy existe un gobierno que, tímidamente, muy tímidamente, nos recuerda que el Estado aún existe y que dependerá de nosotros, solo de nosotros, hacerlo más grande o más chico. Los liberales y menemistas lo quieren mas chico ¿ Ud.?
