El Gobierno avanza por todos los medios para lograr la ansiada reforma del Ministerio Público Fiscal. Con Alejandra Gils Carbó fuera del juego, el Ejecutivo pretende ahora que el Congreso apruebe antes de fin de año una modificación de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del organismo. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, concurrió hoy a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde comenzó a discutirse la iniciativa oficial, que contempla acortar el mandato del procurador y facilitar su remoción por parte del Presidente.
El kirchnerismo denunció la maniobra del oficialismo, que contó con la ayuda de su aliado circunstancial, Miguel Ángel Pichetto. De acuerdo con una fuente del Senado, Cambiemos no tenía el quórum para iniciar el debate y dar dictamen a la reforma, pero "en una maniobra escandalosa, Pichetto cambió la integración de la Comisión que debatiría el tema (Urtubey, Iturrez y Riofrío) por otros tres senadores (el mismo Pichetto, Leguizamón e Irrazábal, ambos salientes por finalizar mandato), garantizándose así el quórum y la firma del dictamen en contra de la voluntad mayoritaria del bloque”. Además, se reemplazó a Federico Pinedo por Luis Naidenoff.
Entre los puntos principales, el proyecto de Cambiemos limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, habilitando al Poder Ejecutivo a removerlo por decreto. Establece que el procurador será designado por el Presidente con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios. De tal manera, alcanzará con la mitad más uno de los senadores.Elimina además el carácter “vitalicio” del cargo, que establecía la ley vigente, imponiéndose una duración de cinco años para su permanencia en el cargo, con posibilidad de reelección solo por dos años y “por única vez”.
