Según medios locales, la agenda del día incluye la lectura del parecer del relator Jovair Arantes (favorable al juicio); postura que respaldada por 38 de los 65 parlamentarios que integraron la comisión especial que evaluó el pedido.
Se espera que este viernes inicien los debates correspondientes al caso en plenaria de la Cámara Baja y el domingo se conocerá la votación sobre el juicio político, que en caso de ser aprobado, deberá ser ratificado por el Senado.
No obstante, para este procedimiento llegue a la instancia antes mencionada, deberá contar con 342 favorables de un total de 513 diputados federales.
Según el ministro-jefe del Gabinete personal de la Presidencia, Jacques Wagner, destacó que el Ejecutivo intenta asegurar entre 208 y 212 votos contra el juicio político, pese a que sólo se necesitarían 172 para su rechazo.
El Partido Comunista de Brasil (PCdoB) señaló que de mantenerse la proporción, en base a la votación de la comisión especial, los detractores del juicio político podrían alcanzar los 213 votos.
Filtración
La aprobación del pedido de juicio político contra la presidenta Rousseff ocurrió el mismo día que se filtró un audio del vicepresidente Michel Temer, integrante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, que rompió relaciones con el Partido de los Trabajadores, PT); en el que daba por hecho el proceso contra la mandataria y su separación del Ejecutivo.
Ante este hecho, Wagner calificó a Temer (quien reconoció la veracidad del audio) como uno de los patrocinador del golpe de Estado contra la presidenta del gigante suramericano.
Manifestaciones
Tras la decisión tomada por la Cámara Baja, numerosas manifestaciones tomaron las calles de Brasil en apoyo al Ejecutivo; y en defensa del orden democrático.
Durante la concentración en Río de Janeiro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el proceso contra legal contra Dilma Rousseff es un intento de golpe de Estado; que pone en riesgo las conquistas de los últimos años.
Sin fundamentos
Por su parte, el defensor del Estado brasileño ha reiterado en varias oportunidades que el proceso que se intenta llevar a cabo contra el Gobierno es una represalia personal contra la mandataria y carece de base legal.
En contexto
El pueblo brasileño se ha activado en diversas movilizaciones en "defensa de la democracia", no solo en apoyo a la actual mandataria, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de que se le realice un juicio político por supuestos casos de corrupción.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.
