Sin embargo, y de manera contraria a los postulados de campaña, ya durante el primer mes de gestión, esta nueva administración nos impuso 5 DNU en temas que nada tienen que ver con las necesidades más urgentes del país. El presidente tomó dicho camino ya que el Congreso se encontraba en su receso anual, pero esta postura es errónea ya que el presidente de la Nación tiene la facultad de convocar al Congreso a una sesión extraordinaria cuando éste se encuentra en dicho parate, como se ha hecho siempre en la historia de nuestro país.
¿Qué dice el poder restante acerca de los DNU? La Corte Suprema de la Nación, asentó jurisprudencia en el caso “Vetrocci c/PE” donde se expide sobre los DNU, afirmando que sólo pueden dictarse en momentos excepcionales, cuando el Congreso no pueda reunirse por razones de fuerza mayor o que la situación que requiere solución legislativa fuera tan urgente que no puede aguardar a los tiempos del dictado de una ley. Además, establece que el Poder Judicial tiene la facultad de controlar, en cada caso concreto, la urgencia de los DNU que alega el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no solamente se está avasallando con la labor legislativa correspondiente, sino también con lo establecido por el Poder Judicial.
Hay que advertir que, desde la recuperación de la democracia en 1983, se ha incrementado cuantiosamente la utilización de este instrumento, puesto que en los ciento treinta años que van desde 1853 hasta 1983 tan sólo se habían firmado veinticinco DNU.
El otro elemento que nos causa mucha preocupación –sobre todo considerando que, durante estos días, altos funcionarios del Poder Ejecutivo dieran como un hecho que el presidente vetará la ley de emergencia ocupacional si se aprobara en la inminente sesión ordinaria en Diputados– es el récord que ostenta Mauricio Macri como el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que más leyes vetó en la historia. Esperamos que, por el contrario, durante su presidencia, se respeten las decisiones del Congreso –tal como prometió en campaña– y se construya el diálogo político sin rechazar las decisiones de las mayorías parlamentarias.
