La investigación fue llevada adelante por una unidad especial de la Dirección Nacional de Aduanas durante seis meses. En ese período, se logró reunir evidencias contra una extendida red que involucra a empresarios y contrabandistas conocidos, como así también a funcionarios aduaneros y de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, que recibían coimas para dejar pasar importantes cantidades de mercancías de contrabando.
La mayoría de estos funcionarios trabajaban en los puestos de control integrado del puente internacional sobre la represa de Salto Grande, según trascendió este miércoles en un artículo del diario El País de Montevideo.
La veintena de detenidos fue puesta, en principio, a disposición de la jueza penal de 4° Turno de Salto, Marcela Vargas, que ayer a puertas cerradas comenzó a interrogar a los detenidos. Sin embargo, y dadas las derivaciones del caso, es probable que todo el expediente pase a la órbita de uno de los dos juzgados especializados en Crimen Organizado con sede en la capital del vecino país.
Pese al hermetismo reinante, se supo que el procedimiento o su fase final se inició en Montevideo con la detención de cinco personas. La línea de investigación permitió establecer que se trataba de una extendida organización dedicada al contrabando tanto de prendas como de electrodomésticos y otras mercancías que eran ingresadas desde Argentina. Hay versiones, empero, que apuntan hacia la Triple Frontera, el enclave limítrofe entre Brasil, Argentina y Paraguay, como origen de la mercancía de contrabando.
Entre los detenidos se encuentra un hombre con profusos antecedentes como contrabandista, quien sería el principal nexo entre los empresarios uruguayos y la mercancía ilegal.
Los investigadores reunieron indicios sobre cifras millonarias en depósitos y giros que, en muchos casos, tenían como destinatarios a los funcionarios aduaneros ahora indagados.
La lista de delitos que se investiga va desde el contrabando, pasando por el cohecho, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. No obstante, en esta fase de las actuaciones aún no se ha determinado si todo el caso o parte del mismo pasará a la órbita de uno de los dos juzgados especializados en Crimen Organizado con sede en Montevideo.
Las actuaciones se iniciaron este martes desde tempranas horas en la sede penal salteña, hasta donde llegaron en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, los detenidos. No se descarta que todos o varios de ellos sean trasladados por estas horas a Montevideo para la continuación de esta investigación que podría tener derivaciones mayores.
