En diálogo con DIARIOJUNIO, la abogada querellante de la causa por la muerte del cabo Jorge David Arias Moreyra, la noche del 12 de diciembre de 2019, dentro del regimiento de Concordia, la doctora María Isabel Caccioppoli, expresó que trabaja sobre la hipótesis del homicidio y considera que “hay indicios importantes para establecer quién sería el autor del hecho”
La letrada, de vasta experiencia en asuntos militares y que cobrara notoriedad por su trabajo en las causa contra el represor Albano Harguindeguy – el secuestro y torturas de 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976 y las desapariciones forzadas de los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Salazar-, dijo que la investigación, tanto judicial como militar interna “fue una vergüenza, ni siquiera se puede decir que se trató de una investigación. Estoy muy sorprendida Estuvieron casi tres meses para remitir el expediente al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Tres meses para declararse incompetente el tribunal. En esos tres meses lo único que se hizo fue una pobre autopsia y nada más.”
Cabe recordar que poco tiempo antes de la muerte del soldado Arias, cuatro voluntarios pidieron la baja del servicio voluntario curiosamente luego que estallara por redes sociales un escándalo por hurtos de elementos destinados a donaciones para inundados que eran guardados por la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Concordia en un depósito del regimiento: “Vi los legajos de los soldados y es una vergüenza lo que hicieron. Son totalmente cuestionables. Todos tienen calcada la misma resolución. Todos juntos pidieron la baja el mismo día y todos coinciden con el mismo efecto de la baja que era porque habían conseguido otros trabajos, los cuatro iguales. A cualquier jefe le tendría que llamar mucho la atención. Eso está en los legajos, que fueron secuestrados y están en la fiscalía de Concepción del Uruguay.”
Según pudo saber DIARIOJUNIO ninguno de los 4 soldados que adujo pedir la baja del servicio por motivos laborales estuvo trabajando en otro lugar, al menos de forma registrada. Sólo uno de ellos habría intentado entrar a la fuerza de prefectura, pero sin suerte.
La abogada Caccioppoli también expresó que espera “expliquen por qué se demoró tanto en remitirse un expediente. Se trata de un hecho ocurrido en un organismo nacional, no se puede ignorar eso.” También adelantó a este medio que se pidieron nuevas medidas de prueba y, en estos días, estoy esperando los resultados.”
Respecto a la solicitud para que este medio aporte pruebas al Ejército, la abogada expresó que “hay bastantes pruebas de las irregularidades dentro del mismo expediente”. Y señaló que las autoridades militares “deberían hacer una investigación interna como corresponde para ver si lo que ustedes dicen es cierto o no.”
