La denuncia apunta a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto la cesión de vacunas en favor de aquéllos, sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios”.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”, sostiene la denuncia, presentada por la abogada Natalia Salvo, conocida porque representa al empresario agropecuario Pedro Etchebest, denunciante original en la Causa D’Alessio.
La denunciante subrayó que las decisiones de las autoridades porteñas violaron el Plan Estratégico para la Vacunación contra el coronavirus.
Quirós, “por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
“Es decir –añade el texto-, el GCBA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal número cuatro, a cargo de Ariel Lijo, apunta a estableces si, como dice la denuncia, “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, es decir el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.
“La falta absoluta de compromiso para garantizar el orden prioritario para la aplicación de vacunas contra el coronavirus y la pretendida eximición de responsabilidad respecto de los funcionarios públicos que suscribieron los convenios, reviste un accionar de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no pudieran hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer”, alerta la presentación.
