El petitorio también incluye la solicitud de «transmitir a los legisladores provinciales del justicialismo la necesidad de apoyar el proyecto de ley que propone instruir al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia de Entre Ríos en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación a abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia – y por ende los municipios – por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que lleva a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal».
Los firmantes de la nota aseguran que la situación actual deriva de “cuadro de perverso centralismo fiscal y profunda crisis del sistema republicano y federal al que nos ha llevado la obstinación del gobierno nacional en no reconocer sus propios errores”.
Firman el petitorio, entre otros, el presidente del comité municipio Edgardo Paccot, el presidente del comité departamental, Eduardo Alvarez, el presidente del plenario, Oscar Treppo, los concejales Guillermo Grandi y Norma Ducret, el diputado provincial José Antonio Artusi, y los congresales Juan Carlos Aguirre, José Luis Gurne, Guillermo Vázquez, Héctor Eduardo Pepe, Víctor Orcellet, y Alejandro Cohen.
En otro párrafo señalan que las retenciones móviles son una medida “abusiva e inconstitucional” y que la crisis que ha generado acumula “odios y fracturas en el cuerpo social, serios riesgos para la paz pública y severos perjuicios en el funcionamiento de la economía nacional, provincial, y comunal, cuya cuantía ya supera largamente los recursos que se pretendía allegar con aquella. Y esto sucede justo cuando la coyuntura internacional ofrece una tal vez última oportunidad para la Argentina, que nos estamos dando el lujo de desperdiciar”.
Al gobierno nacional le achacan “obstinación, soberbia, agravios y falsas imputaciones para quienes piensan distinto y parodias de diálogo, que encubrían el propósito de una supuesta victoria, como si los sectores del campo fueran un enemigo a vencer y no, como lo que en realidad son, un actor fundamental en la vida nacional, en especial para la prosperidad de los pueblos del interior”.
Además, sostienen que deben resolverse otros “acuciantes problemas, tales como el deterioro de la calidad institucional, la inflación, la pobreza, el déficit energético y la pérdida de confianza de los actores económicos”.
No obstante, en el petitorio se argumenta que “todo ello no se resolverá con un autoritarismo intolerante y desconocedor de la realidad, sino con una auténtica disposición al diálogo y a la concertación, no sólo con el sector circunstancialmente en pugna sino con todas las expresiones políticas y sociales”.
Por último, los firmantes señalan que la “indiscutida legitimidad democrática” de origen de nuestros gobernantes no debe ser dañada por un “ilegítimo y abusivo ejercicio del poder”.
