El ingeniero, Carlos Jaime Hartwig denunció, en el año 2019, en los tribunales de Concepción del Uruguay, una supuesta conspiración para sacar del medio a la Dirección Nacional de Vías Navegables (D.N.V.N.), el organismo responsable hasta ese momento de mantener la vía navegable en el río Uruguay, en favor de un puñado de empresas privadas que luego se “cartelizaron” (como se le dice al acuerdo “bajo cuerda” de empresas de un mismo sector con el fin de reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado e imponer precios) a la hora de presentar sus ofertas en la licitaciones para el dragado de los fondos blandos del mencionado río.
En su denuncia, Hartwig empieza señalando que: “habiendo tomado conocimiento del Dragado del Río Uruguay, desde su desembocadura hasta la ciudad de Paysandú, por la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.), ente binacional con tres integrantes por Argentina y tres por la República Oriental del Uruguay, y realizando un exhaustivo análisis de los pasos seguidos en las diferentes licitaciones, se puede informar que para realizar el dragado a 25 pies hasta el puerto de Concepción del Uruguay y 19 pies hasta el de Paysandú es necesario retirar del lecho del río, en el canal de navegación aproximadamente 5 millones de metros cúbicos, para lo cual se han realizado varias licitaciones. Una de estas licitaciones corresponde al dragado de profundización de lechos duros o fondo rocosos en los pasos Montaña y Casablanca, aproximadamente el 30% del total de la obra, lo que demandó para su ejecución el uso de equipos especiales -la draga “Kaerius”, de la empresa Belga “Jan De Null”- que debieron ser traídos de Dubái (había terminado de dragar el Canal de Suez), con el alto costo de traslado, que la empresa incluyó al realizar la licitación. El mejor presupuesto fue el de la empresa “Jan De Null” a un costo de siete con treinta (U$A 7,30) dólares el metro cúbico. Valor que se encuentra dentro de los valores internacionales para este tipo de tareas, teniendo en cuenta la dificultad y complejidad de este trabajo, que debe ser realizado con un trépano que va rompiendo el lecho rocoso del río y extrayéndolo del lugar para depositarlo donde fuera indicado. Según se informó el costo total de dicho dragado fue aproximadamente 12 millones de dólares.”
Posteriormente -y aquí viene el meollo de la cuestión- el denunciante señala que “se realizó el llamado a licitación para el dragado de lecho o fondos blandos (arena y/o barro) – es decir, el resto de la obra- en la cual se presentaron tres empresas argentinas. En este primer llamado a licitación que convoca la CARU, para lecho blando, estas empresas, pasan un precio muy superior al precio de la licitación de fondos duros, trabajo mucho más complejo y costoso que, como se dijera, requiere equipamientos especiales que debieron traer de medio oriente con costos de traslado muy altos, mientras que por la tarea de dragado de arena y barro con dragas de succión como la Santa Fe, que muchas veces vimos en nuestro puerto era suficiente”. Estas tres empresas, según se denunció, “presentaron un valor superior a los ocho (U$A 8) dólares, valor excesivo, de estafa y “cartelizado”, por esta razón la CARU determinó la anulación de la licitación”.
Las empresas que participaron de la licitación se habrían “cartelizado”, es decir, se habrían puesto de acuerdo para pasar un precio muy elevado.
“Lo sorprendente de esto -señala Hartwig en su presentación judicial- es que, quienes conocen de este intento de estafa al estado (CARTELIZACIÓN DE EMPRESAS) no hayan efectuado la denuncia judicial para que se investigue, ni siquiera le impusieron sanciones administrativas para que no puedan volver a presentarse en una licitación, como es la obligación de todo funcionario público al tomar conocimiento de un delito.”
Al momento de la denuncia, el presidente de la delegación argentina en CARU era Mauro Vazón; el vicepresidente, Eduardo Villalba; y los tres delegados eran Juan Ruiz Orrico, Jorge Satto y el concordiense Eduardo Caminal, actual presidente del PRO en Entre Ríos.
La denuncia señala que “deberían tener conocimiento de esta CARTELIZACIÓN, para cobrar exorbitantes sobreprecios de más de un 300% en una obra pública, lo que se podría analizar no ya como un simple sobreprecio sino de un real intento de estafa al estado por parte de estas empresas, ya que las decisiones en dicho organismo (C.A.R.U.) no son personales, sino que son aprobadas por todos los integrantes de dicha Comisión y todos deben tomar conocimiento antes de dar su acuerdo”.
Por otro lado, el precio que se le venía pagando a la Administración Nacional de Puertos (A.N.P.)–Dirección Nacional de Vías Navegables (D.N.V.N.) era de aproximadamente cinco (U$ 5,00) dólares por metro cúbico de arena y barro, a un precio que la C.A.R.U. estimaba totalmente excesivo según las propias palabras del ex delegado Juan Ruiz Orrico en una entrevista (la misma, brindada a Radio 10 de Concepción del Uruguay, fue incorporada como material probatorio en la denuncia presentada en el juzgado federal de la misma ciudad) al hacer referencia a la anulación del convenio con la D.N.V.N.
“En la parte final de la entrevista Orrico dice que ‘el (ex) presidente de la delegación argentina, Mauro Vazón, adelantó que se rescindirá el convenio con la Dirección Nacional de Vías Navegables (D.N.V.N.), organismo responsable hasta ese momento de mantener la vía navegable en los ríos porque tenía un costo 5 dólares por metro cúbico, un precio que la C.A.R.U. estimaba totalmente excesivo’”.
Por lo que se realiza el segundo llamado a licitación para el dragado de lechos blandos de arena y barro.
El denunciante señala que “debe tenerse presente que esto no es casual, la rescisión del contrato con la D.N.V.N. se realizó, no tanto porque se lo estimaba totalmente excesivo, sino con el objetivo de llevar a la D.N.V.N. -responsable de mantener los ríos navegables- a su desfinanciamiento por falta de fondos, a la incapacidad operativa y funcional, como es público y notorio en la actualidad, para desproteger al estado en el cumplimiento de sus funciones, dejando el camino libre para dejarnos a la merced de esas empresas CARTELIZADAS que NUNCA FUERON DENUNCIADAS por su ilegal accionar, permitiendo que las mismas volver a presentarse en futuras licitaciones, como lo hicieron.”
Y continúa: “Es así que, teniendo terminado el dragado los lechos duros, que eran los limitantes para la profundización del canal de navegación, se realizó el “SEGUNDO LLAMADO (licitación)… Este segundo llamado a licitación de dragado del Río Uruguay, que implica aproximadamente el 70% restante de la obra corresponde a la apertura, profundización y mantenimiento del río Uruguay entre los kilómetros 0 y 206,8 y prevé un volumen estimado de arena y barro de 2,7 millones de metros cúbicos, que debe adicionarse el que debe extraerse como mantenimiento, debido a la decantación de arena y barro que se encuentra en suspensión y/o arrastra el río, que es de aproximadamente un millón más de metros cúbicos anuales durante los siguientes tres (3) años. Esto implica un total aproximado de 5,7 millones de metros cúbicos.”
“A finales de 2017 se abrirían los sobres con las ofertas económicas y allí vamos a saber si las empresas que se presenten (las mismas que estaban cartelizadas y pasaron más de 8 dólares el metro cúbico) se adecuaron o no a los precios de mercado. Hay que aclarar que en el Río de La Plata se está pagando mucho menos por la extracción de las mismas características”.
“Como puede observarse, en lugar de adecuarse a los precios de mercado -valor internacional del metro cúbico entre dos con setenta (U$A 2,70) dólares y dos con ochenta (U$A 2,80) dólares, como se demostraría más adelante de esta denuncia- se observa cómo esta empresa extranjera rápidamente se habría “CARTELIZADO” con las empresas locales, ganando la licitación con un valor de seis con veinticinco (U$A 6,25) dólares por metro cúbico de arena y barro. Mientras que las empresas locales, que en la primera licitación habían pasado valores superiores a los ocho (U$A 8) dólares, en esta segunda licitación presentaron valores reducidos en más de un 15%, pero todavía excesivamente elevados, de más de siete (U$A 7) dólares el metro cúbico. En base a estos datos podemos ver el mecanismo usado para eliminar y dejar sin capacidad operativa a los organismos del estado que tienen la responsabilidad de las vías navegables, como la D.N.V.N., para sacarla de competencia y así no disponer de valores de referencia que obliguen a las empresas ‘cartelizadas’ a bajar los exorbitantes precios a valores de mercado. Este parecería ser un modus operandi para eliminar las Empresas del Estado, privatizando en los hechos, indirectamente en este caso, el dragado del río Uruguay en beneficio de las empresas ‘cartelizadas’, que son las que actualmente tienen privatizada la hidrovía del Río Paraná. Por lo que, el monto total de esta obra de dragado de lechos blandos, de arena y barros, con el mantenimiento, por tres años del canal de navegación del Río Uruguay, se estima costará un monto superior a los treinta (U$A 30) millones de dólares.”
“Ahora bien, si realizamos cálculos más precisión (5,7 m3 * 6,25 U$A por metro cúbico = 35.625.000) se puede estimar que tranquilamente podría superar los treinta y cinco (U$A 35) millones de dólares.”, se señala.
“En otras palabras queda demostrado, en forma totalmente objetiva y documentada, que se ha rescindido un convenio con la Dirección Nacional de Vías Navegables de cinco (U$A 5) dólares el metro cúbico de arena y barro, porque la C.A.R.U. estimaba totalmente excesivo; en realidad no por ser elevados, sino que para eliminarla como competencia de las empresas ‘cartelizadas’. Esto quedó totalmente demostrado cuando se permite la presentación de estas empresas en la licitación y se aprueba una licitación a un valor de seis con veinticinco (U$A6,25) dólares, salvo que hayamos cambiado las matemáticas y estos funcionarios hayan demostrado lo que la matemática en milenios de historia no ha podido hacer: demostrar que 6,25 es mucho más pequeño que 5.”
En síntesis, esgrime el ingeniero denunciante, “podemos demostrar que: Una obra que debería haber costado, a precio de mercado internacional, dieciséis (U$A 16) millones de dólares, debido a la cartelización de las empresas Argentinas, denunciadas en los medios por el Sr. Juan Ruiz Orrico, lo cual sería de conocimiento del resto de los integrantes de la C.A.R.U. que estarían de acuerdo ya que lo aprobaron, y en su momento, en forma intencional haber eliminado como ente regulador y de control a la D.N.V.N. lo licitan por friolera de treinta y cinco (U$A 35) millones de dólares, mucho más del doble de su valor, con un sobreprecio de diecinueve (U$A 19.000.000) millones de dólares, que al cambio actual de 42,12 pesos, equivale a la friolera de ochocientos ($ 800.000.000) millones de pesos.”
Más adelante, Hartwig concluye que “el sistema legal argentino no puede ser ajeno a la necesidad de tutelar la transparencia de los actos de los funcionarios públicos. En ese marco resulta urgente y decisiva la celeridad del órgano jurisdiccional para investigar. Por ello consideramos necesario realizar esta acción, así como en caso de tener semiplena prueba, realizar los embargos necesarios para que el Estado pueda ser resarcido en su daño.”
