El proyecto fue sancionado por la Cámara de Senadores el 22 de noviembre, y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. No obstante, puestos a consideración del Ministerio de Economía, Hacienda y Finazas, una serie de informes producidos por la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, el Ejecutivo cambió de postura.
En los considerandos de esos textos se establece que “resultaría indispensable un importante incremento en las primas a descontar en forma mensual a todos los afiliados para afrontar el impacto financiero que significa atender el beneficio del adelanto por edad avanzada para el grupo de adherentes que reúnan los requisitos exigidos en el proyecto, produciéndose una consecuente disminución del salario de bolsillo de los afiliados”.
Cabe recordar que estos mismos argumentos se venían esgrimiendo desde distintos gremios y agrupaciones sin ser atendidos mientras el proyecto avanzaba en la Legislatura.
No obstante ahora, desde el gobierno se destacó que “entidades representativas del personal activo dependiente del Estado provincial, como así también organizaciones intermedias que nuclean al sector pasivo, han formulado objeciones en cuanto a la implementación del incremento en la prima”.
En este sentido, la Fiscalía de Estado advirtió que “de promulgarse el proyecto de ley conforme lo sancionado, habilitaría a los beneficiarios del adelanto a accionar judicialmente en forma inmediata en procura de su derecho”.
Además, desde el punto de vista presupuestario, la provincia “se vería imposibilitada de asignar recursos presupuestarios a tal fin, debido a la existencia de otras necesidades que a la fecha no han podido satisfacerse”.
