Cabe recordar que el mandatario provincial cuando ejerciera su mandato como diputado nacional y que ocupara el cargo de presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, llevó adelante la fundamentación de la impugnación al título de diputado de Antonio Domingo Bussi “con las sospechas razonables de su participación en delitos de lesa humanidad”.
Concretamente en referencia a la sentencia de la Corte argentina, Busti señaló que “se trata de un fallo muy discutible en el mundo sobre el derecho constitucional del poder, respecto de cuáles son las limitaciones de la voluntad popular en los delitos de lesa humanidad”.
El titular del Ejecutivo entrerriano resaltó que “el fallo fue dividido, pues firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. En disidencia votaron los magistrados Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Estos últimos entendieron que las atribuciones conferidas a las Cámaras del Congreso por el artículo 64 de la Constitución Nacional, establece que «cada cámara es juez de las selecciones, derechos y títulos de sus pares en cuanto a su validez», por lo que incluye la facultad de realizar un juicio sobre las calidades constitucionalmente exigidas para acceder al cargo de legislador nacional.
Busti recordó también que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, estuvo a favor de la decisión tomada en mayo de 2000 por la Cámara de Diputados manifestando que “no sólo no se ha violado el derecho político del actor (Domingo Bussi) sino que la Cámara de Diputados de la Nación cumplió con una obligación internacional, derivada del deber de respeto y garantía de los derechos humanos”.
Finalmente Busti reiteró que solicitará “al Gobierno nacional y concretamente al presidente Néstor Kirchner, quien ha sido un férreo defensor de los derechos humanos, requiera una opinión consultiva a la CIDDHH sobre el tema.
