“Desde la perspectiva democrática, sería un logro conocer el listado de aquellos que formaron parte de los organismos de seguridad estatales”, desde 1976 a 1983, aseguró el mandatario provincial. Luego expresó que su intención es asegurarse que ningún dirigente político que “anda hoy hablando de democracia” haya sido miembro de los servicios de los servicios de inteligencia.
Entre los fundamentos políticos y jurídicos de tal requerimiento, el gobernador mencionó la reciente revelación sobre la participación de Álvarez en ese organismo por recomendación del ex general Albano Harguindeguy. “Esto puso de resalto una vez más un dato no menor para la democracia: muchos dirigentes de hoy pueden haber sido colaboradores secretos de un gobierno que exhibió la mayor violencia e implementó el terrorismo de Estado, aplicando un programa económico de destrucción de la producción nacional cuyas características aún padecemos”, reza el escrito.
La nota fue dirigida a la presidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, a quien le solicita que requiera a los tres organismos bajo su control -la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar- el listado de agentes de inteligencia que prestaron servicios entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983, y que tales datos sean publicados en forma tal que cualquier ciudadano pueda acceder a los mismos.
Según Busti, la información requerida no vulnera ninguna garantía individual y de ningún modo atenta contra las finalidades de los órganos de inteligencia estatales, los que, como la propia ley impone, se vinculan a la seguridad exterior e interior.
Si bien la ley vigente, Nº 25.520, habla de la protección de los datos y del secreto, el mandatario interpreta que está claro que esa disposición legal protege lo actuado en la plenitud de funcionamiento del sistema democrático y de ningún modo puede proteger lo actuado por un gobierno de facto.
“Verdad y justicia han sido reclamos de la sociedad argentina respecto de lo ocurrido en la dictadura militar en materia de violación de derechos humanos. La apertura de los datos de los miembros de los organismos de inteligencia del Estado durante esa época, sin dudas forma parte de tan legítimo requerimiento y resulta un derecho de los ciudadanos el conocer toda la verdad respecto de la actuación de quienes formaban parte del aparato represivo del Estado”, expresan las notas dirigidas a la presidenta de la mencionada Comisión Bicameral y al presidente Néstor Kirchner.
