Pese a este intento de apagar el incendio, Fabián Vivot, cuenta en Análisis que, “después de tres días de acusaciones cruzadas, renuncias obligadas y negocios de abogados amigos del poder sorpresivamente revelados, los protagonistas del escándalo adoptaron un hermético silencio y apagaron sus teléfonos eludiendo a la prensa, siguiendo estrictas órdenes del gobernador Jorge Busti. Es que la polémica en que se trabaron la fiscal de Estado, Claudia Mizawak y el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos (IAPS), Rubén Zapata, por la presunta extorsión que habría ejercido la fiscal para lograr derivar los pleitos del organismo hacia algunos abogados escogidos a dedo por ella, implica un fuerte descrédito que deteriora la imagen y la gestión del gobierno provincial. Las sospechas de tráfico de influencia en la lamentable industria del juicio contra el Estado siempre han sobrevolado a algunos estudios jurídicos con evidente llegada al poder, pero nunca como en esta semana, en que dos altos funcionarios se enfrentaran públicamente denunciando, uno ser objeto de “presiones y amenazas”, y el otro replicando con presentarle una querella ante la Justicia por agraviar con esos dichos su “buen nombre y honor”.
El fuego retórico de las primeras horas fue apagado de un soplo el martes, cuando el gobernador Jorge Busti mandó a callar a los díscolos en un intento por evitar que el incidente lo arrastre también a él. Pero el impacto de la denuncia fue tan contundente que los paños fríos de emergencia ya no pudieron esconder el conflicto que subyace ardiente en el fondo. Como suele ocurrir en estos casos, el hilo se quiso cortar por lo más delgado y los abogados que aconsejaron al presidente del Instituto del Seguro, Rubén Zapata, de suscribir el convenio de pago por la póliza de 130.000 pesos que desató la discordia, fueron obligados a renunciar. Los letrados Martín Navarro, quien elaboró el dictamen del acuerdo, y el jefe del Area Legales del organismo, Luis Garay, abandonaron sus puestos, no sin antes insistir con la conveniencia que revestía para el Instituto el acuerdo transaccional que Navarro había firmado en mayo. Ambos profesionales se saben presas de una disputa que, en realidad, afrontan entre sí la fiscal de Estado, Claudia Mizawak y el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, José Gervasio Laporte”.
