Oportunamente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acercó su propuesta al Gobierno que, más allá de declaraciones periodísticas de ocasión, en los hechos evitó hacerlo propio. De una copia de ese material se valió Emilio Castrillón para bosquejar el suyo, aunque también aparece firmando otro más, promovido por José Allende, referente de la Unión Personal Civil de la Nación. Ayer mismo, quedó formalizado que la CGT tiene aportes que realizar y que lo hará en el momento indicado.
En esa comisión multisectorial la participación sería abierta, aunque ya están confirmadas las presencias de los legisladores provinciales, la fiscal Mizawak, el ministro Valiero y el secretario Laporte.
Al término del encuentro, el doctor Busti insistió en la necesidad de que la futura norma respete las disposiciones constitucionales en cuanto al nombramiento de los empleados, la exoneración y los trámites contenciosos administrativos establecidos en el artículo 135.
Para el mandatario, la “referencia indelegable” para el funcionamiento del Régimen debe ser la Ley de Presupuesto. Desde su perspectiva, el futuro encuadre legal debe establecer una carrera administrativa, con un escalafón que supere las diez categorías tradicionales y que podría cobijar al sector docente.
Luego expresó que la ley nacional de convenciones colectivas de trabajo para el empleado público “establece que una referencia indelegable para el funcionamiento de la nueva norma es la Ley de Presupuesto” y explicó que de otro modo “la Provincia puede terminar en un espiral (de gasto) y no tener dinero”.
El gobernador resumió: “estamos a favor del Régimen Jurídico Básico, pero creemos que esta ley no se puede aprobar sobre tablas, sino que debe ser una norma que como mínimo debe tener un dictamen de la Fiscalía de Estado, del Ministerio de Economía y de la Secretaría Legal y Técnica para analizar si los proyectos de ATE y UPCN colisionan o no con la Constitución”.
Afirmó que el Ejecutivo quiere opinar en la elaboración de la ley y “por escrito”, lo que significa “responsabilidad y no dilación”.
Detalló incluso que la ley servirá para el empleado público, entrerriano porque “quizás” lo más importante sea establecer una carrera administrativa, donde “entiendo que es necesario cambiar el escalafón de 10 categorías”.
