Desde su banca, el presidente de la Convención Constituyente hizo referencia este martes al presupuesto provincial y la relación de Entre Ríos con el Gobierno nacional en cuanto a números. “En el presupuesto ejecutado del año 2007 terminamos en equilibrio fiscal, con 170 millones de deuda que el Gobierno nacional no nos pagaba porque no quería”, advirtió.
“Tristes pactos fiscales se firmaron en esta provincia donde se entregaron, rescindieron servicios, y se perdió federalismo”, comenzó diciendo el presidente de la Convención desde su banca. “Esa lucha federal hay que seguirla”, señaló, ya que “cuando uno analiza la dependencia de la provincia esto es innegable”.
Por otro lado, hizo hincapié en que “hay otras exigencias que se le pueden hacer al Gobierno nacional, que viola permanentemente”, en este punto citó el caso de la Caja de Jubilaciones donde “pagamos un doble déficit”. En este sentido, indicó que “en el presupuesto ejecutado del año 2007 terminamos en equilibrio fiscal con 170 millones de deuda que el Gobierno nacional no nos pagaba porque no quería”, por lo que “se tuvo que llegar hasta intimaciones para pedir algo que es nuestro”.
Asimismo, Busti se refirió al tema de los sueldos. “Esta provincia en los últimos años no ha perdido el equilibrio fiscal”, manifestó, para enumerar que en el presupuesto ejecutado en el 2007 en rentas generales, recursos afectados se destinaron 3.185 millones de pesos, y “se les marcó a los gremios estatales que mensualmente nunca se podía llegar a pasar el 53% de los gastos totales para la masa salarial”, añadió. El ex gobernador dijo que además se pagó el gasto de funcionamiento del Estado, y en 2003 la deuda pública provincial representaba el 141,5 % del presupuesto provincial, en el 2007 era el 70,5% y el proyectado para el 2008 es de 66,5%. En cuanto a los servicios de la deuda, lo que se paga de intereses, en el 2003 era de 18,7%, en el 2007 el 11,18%, y en el 2008 un 9,39%. En cuanto a las prioridades del Estado en 2007 fue de 172 millones de pesos, un 148% más que en 2003 de gasto mensual en la masa salarial. En relación al fortalecimiento de la Caja de Jubilaciones, pasó de diciembre de 2003 de 703 pesos a un 1.729 promedio nominal en 2007; el fortalecimiento de la institución municipal que recibía 136 millones de pesos en 2003 y 405 millones en 2007, por lo que constituye un “incremento muy importante”.
Busti explicó además que se reincorporaron 2.297 agentes despedidos por la ley 9235, se normalizó la franja de personal, 4.725 agentes se recategorizaron, todos lo que tenían más de dos años, y se pasó a planta permanente 1.710 agentes, y a 2.722 se les dio estabilidad. “Coincido en que hay que dar una fuerte discusión con el gobierno federal, no solamente con el tema de los aranceles sino también con el tema de los aportes al tesoro nacional que es plata de la provincia”, remarcó luego.
Para finalizar, Busti comentó que “nosotros tenemos de tributos nacionales 2.370 millones, tributos provinciales 706 millones, en cuanto a gastos, por ejemplo el Poder Judicial lleva 147 millones de pesos que es el 5% del presupuesto provincial, el Legislativo lleva 88 millones de pesos, el 3%; el personal del Poder Ejecutivo lleva 1.678 millones 53 %de gastos; bienes y servicios 203 millones, intereses de la deuda 81 millones, coparticipación a municipios 406 millones, déficit de la Caja de Jubilaciones 215 millones, entidades privadas que se ayuda 140 millones, otros gastos corrientes 80 millones y otros 62 millones”.
El archivo de proyectos
En esta trigésimo primera sesión ordinaria los convencionales debatieron el archivo de varios expedientes. Entre ellos, uno que está referido a la equiparación salarial y sobre el cual el pleno reavivó la discusión que ya había atravesado la comisión. El socialismo intentó discutirlo hoy pero Carlín reiteró que existe una imposibilidad jurídica de equiparar todos los salarios del Estado ante los organigramas y escalafones propios de cada sector. La votación quedó 22 sobre 19 y el expediente quedó archivado.
Los Registros al Poder Judicial vuelven a comisión
Finalmente, retornó a comisión el expediente que proponía incorporar al Poder Judicial los Registros Civil, de la Propiedad y de Personas Jurídicas. En el debate, Emiliano Acharta (CC) pidió su giro a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas de la Cámara de Diputados, lo que fue acompañado por un extendido aplauso de la barra, donde estaban sus empleados. Flavia Pasqualini y Hermo Pesuto (VER) defendieron la inclusión, pero no el envío a la Oficina de Diputados porque entienden que una decisión de estas características, debe tener rango constitucional. Raúl Barrandeguy (FJpV) se mostró a favor de una ley y advirtió que la Constitución no debe precisar estos temas. Juan Carlos Arralde (UCR) dijo que el tema es «una decisión política» y dijo que si no se sancionaba en esta ocasión, el tema «muere acá» mientras que Zulema Schoenfeld (FJpV) y Celeste Pérez coincidieron con el envío a la oficina ciudadana pero José Allende (FJpV) dijo que nunca hubo un reconocimiento a los trabajadores y abarcó no sólo a los de la Propiedad, sino que incorporó el Civil y adelantó su voto al proyecto de Alasino. La intervención de Allende fue replicada por Pesuto, quien le reclamó «justicia» en las apreciaciones ya que al ocupar la cartera de Gobierno, durante la gestión de Mario Moine «me ocupé personalmente del tema» dijo.
Para cerrar el tema, Carlín dijo que la definición merece un análisis que no puede trasladarse a cuatro renglones de una clara regla constitucional.»No se les cerró la puerta. NO negamos la posibilidad de una discusión. Decimos que debe ser una ley la que defina el tema» y se sumó a quienes propician su tratamiento a través de una ley. Sin embargo, Luis Brasesco (UCR) opinó diferente y dijo que debe ser la Constitución la que fija las políticas de estado aunque dejó en manos de una ley los detalles.
Gustavo Díaz (FJpV) que integra la CGT, dijo que no tratarlo y dejarlo en la Legislatura es «un callejón sin salida» pero, Carlín pidió evitar las decisiones «apresuradas» que pueden provocar «situaciones insalubres».A esta altura, el pleno tenía tres posibilidades: El envió a la Oficina de Sugerencias Ciudadanas; el retorno a comisión; y el texto de la minoría. Por unanimidad se aprobó su retorno a comisión.
Otro de los temas fue el sistema de elección de los convencionales y hablaron en contra de la decisión de archivar una modificación al artículo 221, el convencional Américo Schwartzman (PS) mientras que Rosario Romero (FJpV) recordó que los convencionales ponderaron el sistema del artículo 51 y Fabián Rogel (UCR) adelantó su voto negativo pero Augusto Alasino (VER) pidió por la proporcionalidad y planteó sus diferencias mostrando incluso que la Justicia «nunca resolvió el tema». Barrandeguy no demoró en contestarle que la convocatoria fue «impecable» y confirmada por el Tribunal Electoral. Carlin cerró las deliberaciones y la votación quedó 22 a 19 con cuatro ausencias.
Allende pidió un acto de desagravio a la Convención
El convencional José Angel Allende (FJpV) pidió hoy un «acto de desagravio» a los convencionales por parte de los intendentes que objetaron la sanción del Régimen Municipal, puntualmente en lo referido a su reelección y dijo que ellos «jamás se acercaron a esta Convención para ofrecer sus aportes».
Al inicio de la sesión, Allende pidió la palabra y dijo que los convencionales «hemos tenido que soportar agravios tremendos» y recordó que los intendentes calificaron esta Convención como «un circo carnavalesco» y un «mamarracho» por lo que observó que «en caso de retroceder sobre lo ya sancionado dejaríamos de serlo».
«Ahora intentan que trabajemos sólo por el tema de su reelección. Y, -continuó- si esto es así le damos la razón a las gente que pensó que sólo nos interesaba la reelección» dijo ofuscado el convencional de UPCN. Y, ante el silencio del pleno, agregó: «Me da mucha pena expresar estas cosas que no deberían haber sucedido. Hemos trabajado con seriedad, provocamos incluso en enojo de los jubilados cuando debimos sancionar el salario móvil; también fuimos prudentes para evitar que las intendencias deban despedir trabajadores y ofrecimos un blanqueo progresivo de acuerdo a las posibilidades de cada municipio» recordó Allende.
Luego, observó que las expresiones de los intendentes son inmerecidas por los convencionales y pidió, antes de avanzar en cualquier reforma sobre la reelección, que haya un acto de desagravio» en honor a la convivencia política y del trabajo que lleva a cabo la Convención Constituyente.
