Posteriormente el mandatario analizó la incorporación del debate de lo jurídico dentro de la Región Centro.
“Las tres provincias que la integran representan la región más importante del país porque exportamos el 30% de lo que se exporta en Argentina y representamos, entre otras cosas, el bloque legislativo regional más importante en el Congreso Nacional”, refirió.
Esta circunstancia, “nos permite avanzar en políticas públicas, como el caso de los sistemas jubilatorios, o integrar en un manual de oferta exportable las producciones de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”, sostuvo el gobernador.
Tras aclarar que “esta no es una idea de superestructura”, dio cuenta que “se están juntando empresarios, intendentes, legisladores”. Por esta razón, a Busti le pareció posible “que se junten los abogados y los miembros del poder judicial”.
Reformas procesales
Por otra parte, garantizó que “el gobierno hará, y está haciendo, los esfuerzos necesarios para producir las reformas procesales reclamadas tanto en el procedimiento penal, encaminándonos hacia un sistema acusatorio largamente anhelado desde los Congresos de Derecho de la Provincia, como hacia la reforma del Procedimiento Civil”.
Al respecto, dio cuenta que hace muy pocos días se integró formalmente una comisión compuesta por representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, del Instituto Alberdi, del Inecip, del Superior Tribunal de Justicia y por destacados profesionales del derecho procesal civil, que será la encargada de proponer las reformas que estime necesarias.
“Nos nutriremos asimismo de las conclusiones que de este Congreso emerjan a efectos de acompañar el proceso de elaboración y evaluación que los distintos actores del sistema van realizando periódicamente”, agregó el primer mandatario.
Régimen Jurídico Básico
Párrafo aparte dedicó al proyecto de regulación del empleo público, denominado Régimen Jurídico Básico, que está debatiendo la Legislatura. Al respecto, resaltó que “consideramos vital su sanción, para salir de las normas vetustas que tienen vigencia en la provincia, y cumplir un anhelo largamente postergado desde 1983 en adelante”. En este marco, señaló estar dispuesto a “sortear todos los obstáculos que impidieron en el pasado que contásemos con un marco regulatorio del empleo público”, para luego sostener que “queremos empleados capacitados, queremos carrera administrativa, que se premie la laboriosidad y la formación, concibiéndose el paradigma del servidor público, generándose una mística diferente en el empleado del estado”.
En la implementación de todas las medidas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial, “hemos recabado la opinión y la colaboración de todas las entidades vinculadas e interesadas”, dijo el mandatario al referir que “partimos de la premisa que las decisiones de gobierno que surgen del consenso previo resultan altamente aceptadas y comprendidas por la comunidad toda”.
“Partimos de la concepción de evitar la confrontación, proponiendo razonablemente y desde el lógico ejercicio de la autoridad política, las formas de contemplar el interés general sin afectar o afectando lo menos posible, los intereses sectoriales”, remarcó. “Ese ha sido el espíritu que guió el acuerdo propuesto en materia salarial a los empleados y funcionarios judiciales, que fue aceptado por más del 95% de los actores del sistema”, acotó.
Reforma de la Constitución
Sobre el requerimiento social de una mejora en la calidad de las instituciones, el gobernador recordó que remitió a la Legislatura un proyecto de reforma a la Constitución de la Provincia que “pretende receptar las posturas más avanzadas en materia de organización del Estado, participación popular, autonomías municipales, sistemas de control e incorporación de los nuevos derechos y garantías surgidos al calor de la reforma de 1994”.
Finalmente, al dejar formalmente inaugurado el IX Congreso Provincial de Derecho, el primer mandatario instó a comprender que “es necesario aprender a conjugar los requerimientos individuales con los colectivos, y privilegiar estos últimos, por cuanto éstos son los que expresamente constituyen el deber básico e ineludible de los gobernantes.
Acompañaron al titular del Ejecutivo, el vicegobernador, Pedro Guastavino, el vocal del STJ, Miguel Carlín, la fiscal de Estado, Claudia Mizawack, el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, José Carlos Halle; legisladores nacionales y provinciales, entre otros representantes de entidades judiciales de la provincia. También estuvieron presentes el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, autoridades del Colegio de Abogados y fiscales de la Justicia Federal.
