A continuación se transcribe el texto completo de la exposición brindada por el gobernador ante las comisiones de ambas Cámaras.
INFORME PAPELERAS
1) Antecedentes de ENCE SA y Botnia SA
• ENCE SA
• BOTNIA SA
2) Antecedentes de empresas interesadas en emplazar proyectos similares
• NLK
• ARCOR Y NOBLEZA PICCARDO
• GRUPO SUECO
3) Legislación relacionada
• LEY ANTIRREPRESAS
• DECRETO 2254/90
• LEY DE PROVINCIA LIBRE DE CELULOSAS
4) Acciones del gobierno provincial tendientes a detener la construcción de las plantas
• PRESENTACION ANTE LA CIDH
• PRESENTACION ANTE LA OFICINA DEL OMBUDSMAN DEL BANCO MUNDIAL
• DENUNCIA PENAL EN LA JUSTICIA FEDERAL CONTRA LOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS
• PETICION AL GOBIERNO NACIONAL PARA QUE ARGENTINA PRESENTE UNA DEMANDA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA.
5) Informe técnico sobre el impacto de la instalación de las papeleras (coordinado por Héctor Sejenovich)
1) ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS ENCE SA Y BOTNIA SA
Las empresas ENCE SA y Botnia SA nunca mostraron interés en edificar plantas en Entre Ríos.
La firma española ENCE SA se encuentra radicada en Uruguay desde 1991, bajo el nombre de la empresa forestal EUFORES SA.
Posee 60.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos globulus.
La vicepresidenta de la firma es la ingeniera Rosario Pou, cuñada del ex presidente Luis Alberto Lacalle.
Durante el gobierno de Lacalle (1990-1994) comenzaron las tratativas para la instalación de la planta de celulosa de ENCE SA.
La firma finlandesa Botnia SA se encuentra en Uruguay desde 2000, bajo el nombre de FOSA SA.
Posee 50.000 hectáreas de eucaliptus globulus.
Según documentación proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA):
ENCE SA, a través de la firma Gabenir SA, presentó el 22 de julio de 2002 un estudio de impacto ambiental del proyecto “Celulosas de M‘Bopicuá”, a radicarse en el paraje Las Cañitas, departamento Río Negro. Obtuvo Autorización Ambiental Previa el 9 de octubre de 2003, mediante la resolución número 342/2003 de la cartera antes mencionada.
Botnia SA, a través de la firma Fredilán SA, informó el 30 de octubre de 2003 el proyecto de instalación de una planta de celulosa en el paraje Las Cañitas, departamento Río Negro. El 31 de marzo de 2004 presentó un estudio de impacto ambiental y luego información complementaria que le fue requerida hasta el 17 de enero de 2005. Obtuvo la Autorización Ambiental Previa el 14 de febrero de 2005, a través de la resolución 63/2005 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, en la que se incluye también terminal portuaria y zona franca.
La elección de la localización de las plantas se debe a varios factores. Entre otros, a la política de inversión forestal impulsada por el Banco Mundial (BM) en Uruguay desde hace más de 20 años, a la cercanía con los bosques para la provisión de madera y del río para la obtención de agua constante, para el transporte fluvial de la pasta y para el aprovechamiento de la madera como materia prima. Además, ambas firmas admitieron que encontraron en Uruguay menos controles y exigencias que en sus países de origen.
Representantes de Botnia SA y de la Embajada de Finlandia en Argentina se reunieron en febrero de 2004 en Paraná con funcionarios del gobierno provincial para comunicar el proyecto de instalación en Fray Bentos.
ENCE SA (ESPAÑA)
La firma posee una fábrica de celulosa en Pontevedra (España). Los pontevedrenses son conocidos en el país como “los olorosos”, porque llevan impregnado en sus ropas y sus cuerpos el olor a “huevo podrido” característico de de los químicos que emanan de las plantas.
Desde 1964 y hasta 1994, ENCE no cumplió allí con la Normativa de Vertidos Líquidos y Atmosféricos.
Fue condenada en 2002 por “Delito Ecológico” en Pontevedra y obligada a pagar una multa de 433.000 euros. Seis de sus directivos debieron cumplir seis meses de arresto.
La causa duró 12 años y la compañía fue declarada responsable civil subsidiaria.
Tuvo que indemnizar a personas que sufrieron crisis respiratorias y asistencia hospitalaria por fuga de gases irritantes. También debió que reparar los daños producidos a la Ría de Pontevedra desde la instalación de la fábrica.
ENCE posee en España otras dos plantas. Una en Huelva (Andalucía) y otra en Navia (Asturias). Luego de 40 años de no invertir en el cuidado del medio ambiente, en ambas fábricas hubo que construir plantas de tratamiento de efluentes líquidos, que costaron 4 millones de euros cada una.
La planta de Huelva vierte sus efluentes líquidos en el río Tinto, que tiene un Ph 2 por ciento ácido, lo cual impide la vida en ese curso de agua.
BOTNIA SA (FINLANDIA)
BOTNIA SA posee 5 plantas en Finlandia.
Kemi, Kaskinen y Rauma vierten sus efluentes en el mar Báltico y Äänekoski y Joutseno desaguan sus efluentes en lagos.
Producen un total de 2.250.000 toneladas por año y emplean a 1.293 trabajadores.
A 4 kilómetros de la planta de Äänekoski, en plena ciudad, no se puede soportar el olor característico a “huevo podrido” de las emisiones gaseosas de la planta proveniente de los compuestos de azufre y dióxidos de azufre.
Los efluentes vertidos en el lago Saimaa presentan un aspecto turbio y oscuro, aun luego de su tratamiento. El agua del lago es ácida y tiene olor a pesticida.
El Lago Saimaa tiene 4.400 kilómetros cuadrados. Es el más grande de Finlandia y la gente se baña allí en verano, pero lo hace en zonas donde no hay plantas de celulosa y donde todavía el agua no está contaminada.
2) ANTECEDENTES DE EMPRESAS INTERESADAS EN EMPLAZAR PROYECTOS SIMILARES EN LA PROVINCIA
• NLK
En julio de 1997, representantes de la empresa canadiense NLK solicitaron una entrevista para obtener información acerca de la legislación vigente en relación a la propuesta que formulaban: instalar una fábrica de pulpa celulosa.
Informaron entonces que la producción diaria alcanzaría las 1.000 toneladas de pasta, que la materia prima a utilizar serían eucaliptos de toda la Mesopotamia y de Brasil, que necesitaban un terreno de 600 hectáreas para la instalación de la planta y el acopio de materias primas y que no producirían efluentes líquidos por lo que no necesitaban estar cerca de ningún curso de agua.
Luego de informarlos sobre la legislación vigente, no hubo más contacto y desistieron de realizar el emprendimiento.
Esta información consta en el expediente número 7006, emitido por la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de la provincia (se adjunta expediente).
ARCOR Y NOBLEZA PICCARDO
Casi 20 años atrás, en 1988, inversores de las firmas Arcor y Nobleza Piccardo se entrevistaron con representantes del gobierno provincial. Manifestaron interés en instalar una fábrica de pasta celulosa en la costa del Río Uruguay. Uno de los empresarios falleció poco tiempo después y las tratativas no siguieron adelante. Posteriormente, la Legislatura aprobó una ley mediante la cual se prohibió la instalación de emprendimientos contaminantes y de nuevas represas.
GRUPO SUECO
Hace 40 años un grupo empresarial sueco demostró interés en instalar en Entre Ríos una planta de fabricación de celulosa, ante el supuesto de que el funcionamiento de la represa de Salto Grande abarataría los costos de la energía eléctrica. También evaluaban como elementos positivos la cercanía de un curso de agua y la cantidad de forestación existente. No se cumplieron los requisitos que pretendían y desistieron del proyecto.
3) LEGISLACION QUE PROTEGE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA
Si bien son abundantes las normas que la provincia ha promulgado en relación al cuidado del medio ambiente y al uso sustentable de los recursos naturales, en torno al tema que nos ocupa, cabe destacar:
LEY ANTIRREPRESAS
Como muestra del cuidado que la provincia hace de sus cursos de agua y del medio ambiente en general, cabe destacar la sanción de la norma conocida como “Ley Antirrepresas”, número 9092, promulgada el 16 de octubre de 1997.
Allí se protege a la provincia de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay y también se declaran bienes de la naturaleza a todos los cursos de agua del territorio y se establece su especial cuidado, conservación y aprovechamiento sustentable, en particular en lo referido a la calidad, distribución y uso jerarquizado del agua.
También se establece en la ley que la planificación y el desarrollo de todos los estudios, evaluaciones y proyectos que involucren al Paraná, al Uruguay y a sus recursos naturales son atribución exclusiva de la provincia y que, de ser necesaria la intervención de otros Estados provinciales o el Estado nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad referéndum de la Legislatura (se adjunta texto completo de la ley).
DECRETO DE PROMOCION INDUSTRIAL
El decreto número 2254/90 establece el Régimen de Promoción Industrial de la provincia. El texto cuenta con 46 artículos y sólo en 1 de ellos se menciona a la industria celulósica, pero en modo alguno en forma exclusiva, sino junto a un listado de sectores y actividades a promover, en el que se mencionan, entre otros, el sector frigorífico, el arrocero, el citrícola, el apícola, el lanar, el frutihortícola, la industria alimenticia, la química fina, las curtiembres, el sector alcoholero, el algodonero, la industria aceitera, la textil, la minera, la metalurgia, la láctea, etcétera (se adjunta texto completo del decreto).
Si bien es con este decreto (2254/90) que pretenden descalificarme ante la opinión pública, nadie hace mención que en este mismo instrumento legal en su artículo 33 Inc. E) expresa: “Cumplir con las disposiciones legales, nacionales, provinciales y municipales referentes a normas de calidad, prevención de accidentes, higiene y seguridad industrial, previsionales y fiscales y contaminación ambiental”.
PROVINCIA LIBRE DE PLANTAS CELULOSAS
El 13 de septiembre de 2005 se sancionó la ley número 9644 a través de la cual se declara a Entre Ríos “provincia libre de plantas procesadoras de pasta celulósica cuya actividad contamine el aire, el suelo o las aguas de todos los cursos del territorio”.
También se prohíbe la instalación de emprendimientos industriales de este tipo que provoquen daños al ecosistema y al desarrollo y sostenimiento de la economía regional, cuya base sustancial es la explotación de los recursos turísticos y se deja sin efecto el artículo de la ley 6726 en el que se alude a la promoción de la industria celulósica.
Todo lo anterior de conformidad a lo expresado en la Constitución Nacional y a los Tratados Binacionales rubricados por Argentina, tales como el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del Mercosur (se adjunta texto completo de la ley).
4) ACCIONES DE LA PROVINCIA
Las acciones de la provincia para detener la instalación de las plantas de ENCE SA y Botnia SA comenzaron en enero de 2004 en los planos social, político, jurídico, cultural y ambiental.
En enero de 2004 se celebró la primera reunión con delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Río Uruguay de Gualeguaychú.
En febrero de 2004 tuvo lugar la primera audiencia pública en la Municipalidad de Gualeguaychú, con la presencia de representantes de la Cancillería Argentina.
Funcionarios del gobierno entrerriano acompañaron las Misiones de Estudio y Conocimiento de Plantas de Pasta Celulosa organizadas por el gobierno uruguayo (Finlandia-agosto/2004 – España-octubre/2004).
Desde octubre de 2004 se comenzó a trabajar en forma conjunta con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para realizar un estudio de impacto ambiental independiente y de nivel académico con profesionales del Instituto de Tecnología Celulósica de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL.
En febrero de 2005 se llevó a cabo una reunión con el secretario General de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández.
En varias oportunidades se mantuvieron encuentros con el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y con el entonces canciller Rafael Bielsa.
En varias oportunidades se mantuvieron encuentros con representantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
El 30 de abril de 2005 el gobernador de la provincia, el vicegobernador, ministros, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios del gobierno entrerriano acompañaron al pueblo de Gualeguaychú en la Gran Marcha al Puente Internacional General San Martín, de la cual participaron más de 40.000 personas.
MISION A WASHINGTON – PRESENTACION ANTE LA CIDH
El 19 de septiembre de 2005 se denunció al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se dejo claro en el texto que la presentación no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del medio ambiente y de la calidad de vida.
La petición apuntó a que la CIDH declarase que el Estado uruguayo violó la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias de esos proyectos en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300.000 personas que habitan en las dos orillas del río Uruguay.
En la presentación se destaca también que el argumento de la creación de fuentes de trabajo y reactivación económica carece de validez ética, jurídica y económica. Sólo se trata de 300 puestos de trabajo directo y todo lo demás no alcanza para invalidar el sólido argumento del daño ecológico de magnitud que tales emprendimientos generarán.
Y se expresa que la conducta del Estado uruguayo comporta una violación a la Convención por denegar y ocultar información a los afectados, con la clara intencionalidad de evitar el conocimiento público de los daños a los derechos humanos que generarán los proyectos industriales.
Se entendió que el caso merecía el tratamiento de la CIDH porque, como ciudadanos argentinos, no se poseen, en el Estado uruguayo, recursos que habiliten para solicitar la protección jurisdiccional a fin de resolver la controversia.
Desde el momento en que el hecho dañoso (ambiental y humano) se produce en un país extranjero con repercusión extraterritorial, cae la jurisdicción estatal. Esto es así por la particularidad de los daños producidos y determina la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que a derechos fundamentales se refiere.
Así, toda vez que el daño conculca derechos humanos que trascienden la frontera del estado agresor, la competencia de la Comisión se abre al ponerse de manifiesto la conducta lesiva del Estado sobre el individuo.
En definitiva, es ante esta situación de absoluta indefensión, que los ciudadanos argentinos se encuentran en la necesidad de acudir a los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos por vía de excepción por no tener, en la vía interna, medios judiciales existentes que permitan evitar y reparar las alegadas conculcaciones a los derechos humanos.
En la presentación se instó a la Comisión a que solicitara al Estado uruguayo, con carácter urgente, que adoptara medidas cautelares a favor de todas las personas que viven en la zona de impacto ambiental directo para garantizar los derechos a la vida e integridad personal.
También se requirió que se exhortara al gobierno uruguayo a establecer las medidas necesarias para suspender la ejecución de obras vinculadas con la instalación de las mencionadas plantas de celulosa hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental independiente.
Por último, en virtud de la necesidad de protección especial que merecen los niños, se requirió que la comisión solicite al Estado uruguayo que adopte todas las medidas para asegurar la no-exposición de los niños y niñas que habitan la zona de impacto ambiental directo a la gravísima contaminación ambiental que generarán las empresas (el texto completo de la presentación puede consultarse en www.entrerios.gov.ar/noticias).
OMBUDSMAN DEL BM
El gobierno entrerriano presentó una denuncia ante la oficina del Ombudsman del Banco Mundial (BM), a cargo de Meg Taylor, contra los proyectos de las empresas. También se solicitó que el organismo audite el emprendimiento teniendo en cuenta lo que establecen las políticas internas de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
Además, se pidió la suspensión del proceso de evaluación de otorgamiento de créditos a las compañías involucradas, hasta que los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados.
Fue la primera vez desde la creación de la figura del Ombudsman del BM que se decidió iniciar una investigación a raíz de una denuncia de carácter preventivo, como la presentada por las autoridades del gobierno provincial. Los representantes legales de Entre Ríos atribuyeron la medida a la solidez jurídica del planteo y a la fuerza política de los representantes de la voluntad popular al formularlo (el texto completo de la presentación puede ser consultado en www.entrerios.gov.ar/noticias).
DENUNCIA PENAL EN JUSTICIA FEDERAL
El gobierno provincial radicó una denuncia penal contra directivos de ENCE y Botnia ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay por la posible comisión del delito tipificado en el artículo 55º de la Ley 24.051 en grado de tentativa. La Fiscalía hizo lugar a la presentación, que lleva las firmas del gobernador, del vicegobernador y de representantes de la asamblea de Gualeguaychú.
Se involucra al director general de Celulosas de M’Bopicuá filial uruguaya de ENCE (condenado por delito ecológico en Pontevedra), Fernando García Rivero; la vicepresidenta de ENCE Uruguay, Rosario Pou; el presidente del grupo empresarial ENCE, José Méndez López; el vicepresidente del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra), Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo; el directivo del grupo empresarial ENCE (imputado por delito ecológico en Pontevedra), Pedro Blanquer Gelabert; el gerente general de Botnia SA, Ronald M. Beare; el gerente de Proyectos Botnia SA; Kaisu Annala; el apoderado de Botnia Fray Bentos SA, Carlos Faropa, y el presidente y gerente general de Metsa-Botnia, Erkki Varis. También se formuló en contra de todas aquellas personas que integran la comisión directiva de ambas empresas y de todo otro responsable que surgiere de la investigación fiscal.
La vía habilitante para la petición es el artículo 174 del Código Procesal Penal, ya que los actos que estas personas están cometiendo van a repercutir en el Estado argentino, poniendo en peligro la salud de 300.000 habitantes que residen en la zona. Infringen también la legislación nacional sobre residuos peligrosos y el artículo 200 y siguientes del Código Penal.
Se dejó asentado que los denunciados planean operar estas plantas durante un período de 40 años de manera ininterrumpida, por lo que los vertidos de efluentes líquidos al río Uruguay y la contaminación del aire y del suelo calculados anualmente deberán multiplicarse por cuarenta.
A modo de ejemplo se señaló que solamente una de las plantas operada por los denunciados verterá al río Uruguay 109.600.000 metros cúbicos de efluentes líquidos tóxicos altamente contaminantes al cabo de 40 años de producción y que también se verterán al suelo, aire y agua diferentes residuos sólidos, líquidos y gaseosos que son considerados peligrosos por la normativa vigente.
Los denunciados se encuentran en este momento efectuando un sinnúmero de actividades tendientes a desarrollar sobre el río Uruguay la primera etapa de producción de celulosa, llamada ‘etapa sucia’ del proceso industrial” y que, aún existiendo sitios alternativos, han decidido por razones de lucro radicar estas peligrosas industrias a escasos 2 kilómetros (Botnia) y a 15 kilómetros (M’ Bopicua) de Fray Bentos, cuya población asciende a 23.000 habitantes y a 33 kilómetros de la localidad argentina de Gualeguaychú, cuya población asciende a 86.000 habitantes, sometiendo a esta población a severos riesgos y demostrando un total y absoluto desprecio por la vida.
En cuanto a la tecnología de procesamiento que utilizarán ambas plantas, se indicó que es el denominado ECF o Kraft, que emplea un derivado del cloro elemental altamente contaminante y que produce las siguientes afectaciones a la salud: irritabilidad de la epidermis y los ojos, malformaciones, irritabilidad del sistema respiratorio, inhibición del sistema inmunológico, alergia, hiperactividad, mal funcionamiento del sistema endocrino, diabetes, bajo peso en el nacimiento, deficiencia en la locomoción, cáncer, muerte.
Los denunciados están construyendo a escasos kilómetros de ciudades densamente pobladas las plantas de pasta de celulosa más grandes del mundo en volumen de producción y cuya tecnología de procesamiento destruirá recursos naturales argentinos durante cuarenta años y producirá la contaminación del agua, el suelo y el aire en una magnitud inusitada con graves riesgos a la salud.
Pese a existir tecnología altamente superior y sitios alternativos de localización que evitarían el riesgo a la población, los denunciados dolosamente y por razones meramente económicas, deciden llevar adelante esta actividad delictiva priorizando su enriquecimiento personal sobre la vida de miles de personas.
Hombres, mujeres y niños que habitan la zona respirarán diariamente: amoníaco (causa irritabilidad y malformaciones); monóxido de carbono (trastornos en la vista); sulfato de carbono (es un potente neurótico y produce efectos narcóticos); cloro y dióxido de cloro (son potentes irritantes respiratorios); dioxinas y furanos (actúan sobre los conductores orgánicos y son trasmitidos genéticamente, produciendo alergias, hiperactividad, mal funcionamiento del sistema endocrino, diabetes, bajo peso en el nacimiento y deficiencias en la locomoción).
Como conclusión, se afirmó que ninguna persona que actúe de buena fe intentaría volver a cometer un hecho por el cual fue condenado o imputado. En el presente caso se denota la intencionalidad desde el comienzo del proyecto, cuando además de elegir el procedimiento industrial más dañino para la salud pública y el ambiente, se manipulan los estudios de impacto ambiental de tal manera de hacer creer a las autoridades locales que se trata de una actividad no nociva.
El 6 de febrero último el gobernador y el vicegobernador se constituyeron como querellantes en la causa contra los directivos de ambas firmas.
También se hizo entrega en el juzgado del informe final de la Delegación Argentina al Grupo de Trabajo de Alto Nivel que se suma como prueba del delito ambiental en grado de tentativa.
En este marco, se solicitó que en forma urgente se ordene a la Dirección General de Aduanas que prohíba el ingreso o egreso a nuestro país por la vía fluvial o terrestre de todo transporte de carga con insumos destinados a la construcción de las plantas.
En los fundamentos de la petición se pone de relieve que los actos de ejecución que vienen desarrollando los denunciados a los fines de instalar las plantas se verán sensiblemente agravados por la efectiva consumación de este delito, cuyos efectos van a repercutir en el Estado argentino, poniendo en peligro la salud de 300.000 habitantes que residen en la zona de impacto ambiental directa y que resultarían inevitablemente afectados por la contaminación (el texto completo de la denuncia puede ser consultado en www.entrerios.gov.ar/noticias).
• PETICION AL GOBIERNO NACIONAL PARA QUE ARGENTINA PRESENTE UNA DEMANDA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA
El 31 de enero de 2006 se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana una resolución por la cual se solicita al gobierno nacional que Argentina presente una demanda por la construcción de las plantas en Fray Bentos ante la Corte Internacional de La Haya.
El argumento central es la violación al Estatuto Internacional del Río Uruguay, suscripto en 1975 entre Argentina y Uruguay.
Entre los fundamentos, se destaca la necesidad de que el Estado uruguayo asuma su responsabilidad jurídica por los daños en vidas humanas y propiedades que los emprendimientos ocasionarán en territorio entrerriano.
También se destaca el logro que representa la federalización del conflicto, que permite unificar y compartir esfuerzos con el Estado nacional (se adjunta resolución).
6) INFORME TECNICO SOBRE EL IMPACTO DE LA INSTALACION DE LAS PAPELERAS (coordinado por Héctor Sejenovich)
El extenso y preciso informe fue realizado por diversos profesionales de amplio reconocimiento en cada una de sus áreas, coordinados por el doctor Héctor Sejenovich.
Allí se demuestra que el impacto de las papeleras será grave y permanente; que el daño ambiental y el lucro cesante superarán el monto admisible para una inversión; que existen alternativas para el manejo integral y sustentable de las plantaciones forestales; que se producirá una pérdida en la calidad del paisaje, del aire, del clima y del agua; que aumentarán los índices de morbilidad; que se perturbará la fauna; que habrá un ingreso a la zona de 143.762.000 kilogramos por año de sustancias químicas; que habrá graves riesgos para la salud de los habitantes del territorio; que se deteriorará la infraestructura de la región (edificios, rutas, puentes, equipamiento), lo cual reduce su valorización de mercado; que las propiedades privadas se expondrán a una disminución de su valor del orden del 40 por ciento; que habrá efectos perniciosos por el destino que se le dará a las tierras; que habrá un deterioro de la infraestructura vial; y que la capacidad del río Uruguay se verá colmada.
Entre las conclusiones preliminares del informe se destaca que se generará una contaminación masiva que redundará en serias afectaciones a la salud de la población, a las instalaciones edilicias y a la productividad de los ecosistemas.
También se advierte que el destino celulósico de las plantaciones forestales no es el más económico, ni es el único, ni es el más aconsejable.
En 2003 el gobierno uruguayo autorizó la instalación de una fábrica de pasta celulosa de capitales españoles del grupo ENCE llamada M`Bopicuá, en la ribera del río Uruguay. El lugar elegido para el emplazamiento: en la localidad de Fray Bentos, en el límite fronterizo con Argentina, a 26,5 kilómetros de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
En 2004 el gobierno uruguayo autorizó la instalación de otra planta de celulosa, de origen finlandés, denominada Botnia SA, también en la costa del río Uruguay, a 3,5 kilómetros de la planta de ENCE.
Entre ambas, producirían 1,5 millones de toneladas anuales de pasta celulosa -lo que representa el mayor emprendimiento del mundo en este ramo- en un espacio reducido en relación a esa proporción de producción.
Las plantas de celulosa están consideradas a nivel mundial como una de las industrias más contaminantes. Dada la cercanía entre ambas plantas y teniendo en cuenta que las dos volcarían sus efluentes en el mismo curso de agua, aumentan las posibilidades de consecuencias ambientales irreversibles para el río Uruguay, que ya tiene colmada su capacidad receptora.
Esto reafirma el proceso de limpieza que lideran los países desarrollados, que expulsan de sus territorios a las industrias contaminantes. Y demuestra las prebendas brindadas por el gobierno uruguayo que sólo demuestran su compromiso no con la calidad de vida de la población, sino con un crecimiento de actividades productivas que genere una ficción de progreso, mientras se margina, concentra y destruye la naturaleza.
Se destaca en el informe el apartado titulado “Riesgo para la salud humana”. Allí se expresa que existirán en la zona afectada al menos 29 casos nuevos de cáncer por cada año de funcionamiento de las plantas. Las fábricas trabajarán, como mínimo, 40 a 50 años, pero cabe aclarar que el estudio fue realizado con una estimación del daño sensible a 20 años.
Otros efectos nocivos que se enumeran son: alteración de la función normal o inhibición de la acción hormonal (desarrollo sexual patológico, reducción de la fertilidad, alteraciones de las glándulas tiroides y pituitarias); producción de cáncer de mama y endometrio en mujeres y de próstata y testículos en hombres; supresión inmunológica; cambios en la conducta neurológica; y modificaciones genéticas hereditarias.
En el segmento titulado “Contaminación de la cadena alimentaria” se remarca la pérdida de confianza que sufrirá el mercado por la contaminación, lo que sin dudas afectará a la producción de alimentos tanto de Uruguay como de Argentina.
En un estudio realizado en Valdivia, Chile, luego de la instalación de una planta celulosa se observó un gran aumento de enfermedades de tipo irritativo, tales como: conjuntivitis, rinitis, obstrucción bronquial, poliposis nasal, asma bronquial, anorexia, dolor abdominal, trastornos del sueño, trastornos de pánico.
Otro aspecto a tener en cuenta son las enfermedades laborales que produce la industrialización de pasta celulosa, cuyos trabajadores corren riesgo de contraer diversos tipos de cáncer (gastrointestinal, de pulmón, etc.) debido a la exposición a distintos agentes cancerígenos.
Según testimonios de vecinos de la papelera chilena, otros impactos en la salud son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolores abdominales, pérdida de apetito, cuadros de anorexia, descompensación en pacientes diabéticos e hipertensos, lagrimeo, molestias nasales, conjuntivitis, alergias, irritación, traqueitis, cuadros de estrés, depresión, angustia, trastornos del sueño, crisis de pánico.
Los 29 casos nuevos de cáncer por año más los días laborales perdidos alcanzarán un gasto de 1.435.000 pesos por año, a partir del primer año de funcionamiento de las plantas. Y llegarán a 28.700.000 al cabo de los 20 años de trabajo previstos.
Las enfermedades respiratorias derivadas -se estiman unos 290 casos por año- generarán un gasto en salud de 8.874.000 pesos al año, y 117.480.000 en 20 años.
Transcurridas las dos décadas, la suma de los gastos en salud más los días laborales perdidos alcanzan un monto de 206.180.000 pesos.
A partir del segundo año de funcionamiento de las plantas, el gasto por las enfermedades respiratorias se incrementaría en 7.000.000 de pesos, sólo teniendo en cuenta la construcción de un nuevo hospital, necesario para satisfacer las nuevas demandas de atención médica.
En otro orden, se alerta que el turismo se verá especialmente afectado, con lo cual la actividad económica de la región caerá sensiblemente, al igual que el Producto Bruto Interno. La merma de la producción regional tendrá como consecuencia, a su vez, una baja sustantiva en la recaudación fiscal.
Las industrias que se verán afectadas aportan importantes ingresos tributarios a los municipios de la región y a los Estados provincial y nacional que dejarán de realizarse. Aumentará el índice de quebrantos financieros, disminuirá el volumen de transacciones y consecuentemente disminuirá la recaudación, también por este concepto.
Caerá la valuación de los inmuebles urbanos y rurales en un 40 por ciento y, por lo tanto, disminuirá la recaudación en concepto de contribución territorial y muchas empresas entrarán en dificultades financieras porque al ser menor la valuación de sus activos, sus capacidades de recibir créditos o de garantizar los que ya han tomado se verán afectadas.
La caída de la actividad económica descripta aumentará las necesidades de financiamiento y disminuirá las posibilidades de pago.
La disminución en las valuaciones inmobiliarias urbanas y rurales traerá como consecuencia una grave crisis en el sector productivo. Aumentarán los gastos del Estado por las necesidades de financiamiento de los programas de asistencia social y de salud que deberán contemplarse a partir de la nueva situación.
Cabe remarcar que el trabajo no se centra solamente en mostrar la gravedad de la situación, sino que indica además un camino para el desarrollo de las potencialidades en los diferentes ecosistemas, con el objeto de desarrollar emprendimientos de diversa índole que incrementarían la inversión y aumentarían los índices de empleo, pero sobre la base de un uso sustentable e integral de los recursos y el hábitat.
En enero de 2004, cuando la provincia comenzó a accionar en contra de la instalación de las plantas, en los lugares de emplazamiento no había ningún tipo de construcción, excepto la terminal portuaria de la firma ENCE SA.
Actualmente, se están construyendo aceleradamente la planta y el puerto de Botnia SA, cuyo ícono es la llamada “chimenea” de hormigón de 120 metros de altura y 40 metros de diámetro.
En realidad, no se trata de una chimenea de la que saldrá humo, sino que constituye una gigantesca torre de blanqueo.
Allí se utilizará dióxido de cloro para blanquear toda la pasta celulosa que producirá Botnia SA. Allí ingresará la pasta luego del proceso de cocción al sulfato de sodio y será blanqueada por medio de dióxido de cloro. Este proceso significa miles de litros de elementos altamente contaminantes que serán eliminados al río Uruguay.
Las verdaderas chimeneas serán varias, de ellas saldrán emisiones de gases tóxicos y estarán instaladas en el edificio de más de 7 pisos que albergará la caldera de recuperación.
APOYAN LA LUCHA DEL PUEBLO ENTRERRIANO:
1. Cámara de Diputados de la Nación
2. Legislatura de la Provincia de Córdoba
3. Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
4. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires
5. Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia – Chaco.
6. Junta de Gobernadores de la Región Centro
7. Federación Argentina de Municipios
8. Sindicato de Trabajadores Municipales del Chaco
9. Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios – Buenos Aires
10. Asociación Ecologista de Goya – Corrientes
11. Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos
12. Cámara de Diputados de Entre Ríos
13. Concejo Deliberante de Gualeguaychú
14. Concejo Deliberante de Concordia
15. Concejo Deliberante de Federación
16. Concejo Deliberante de Colón
17. Concejo Deliberante de Diamante
18. Concejo Deliberante de Basavilbaso
19. Sistema de Previsión Social Médico Bioquímico
20. Agrupación Independiente Lealtad y Trabajo
21. Arquitecto Federico Barberis – Córdoba
22. Abogado Mario Cababié – Buenos Aires
23. Carlos Alberto Chiesa –Universidad Nacional de La Plata –Greenpeace.
24. Foro de legisladores CRECENEA- Litoral
25. Senador Nacional, Carlos Rossi
26. Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad.
27. Asociación Adultos Mayores “JC Esparza”.
28. Federación Argentina de Municipios (FAM)
29. Intendente de la ciudad de Resistencia (Chaco).
30. Concejo Municipal de la ciudad de Resistencia (Chaco)
31. Asociación Israelita Paraná.
32. Diputados de la provincia de Corrientes
