Con la declaración de seis testigos, y en último termino del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, se inició el Jury que tiene como objetivo determinar si el magistrado incurrió en mal desempeño y falta de idoneidad al disponer la libertad condicional de Sebastián Wagner, femicida de Micaela García.
"Están buscando un chivo expiatorio", planteó el magistrado en un pasaje de su alocución.
Al inicio del proceso el procurador Jorge García habló sobre los alcances de la Ley 9.283 de Jurado y Enjuiciamiento y aclaró: "No estamos ante un juicio penal sino que se está ante la obligatoriedad del Ministerio Público de acusar", tal como establece el artículo de la norma, que no fue modificada en la nueva Constitución provincial. "El ministerio no acusa sino que interviene para que garantizar la posibilidad del debate oral y la postura tiene que ser determinante para el proceso pero no para la sentencia".
En tanto indicó que el hecho que se enjuicia es que el juez Rossi, acumula ocho denuncias por mal desempeño y que, con su dictamen de libertad condicional para Sebastián Wagner, femicida de Micaela García, descalificó los informes de los peritos que desacosejaban la libertad transitoria del penado. También indicó que el ministerio público fiscal de Gualeguaychú agregó 93 dictámenes que no fueron seguidos por el Juzgado de Instrucción y Penas que estaba a cargo de Rossi, hoy suspendido de ese cargo.
García también resaltó que Rossi no tuvo en cuenta la índole de los delitos sexuales, esto ya lo había planteado uno de los abogados del Juzgado, el doctor Jorge Campos, En tanto la jueza Susana Medina de Rizzo aportó que no hubo actuación interdisciplinaria, máxime teniendo en cuenta las cuestiones de género.
A su turno, el defensor de Rossi, Miguel Cullen cuestionó la norma y dijo que tiene fallas que tienen que ver con aspectos técnicos que no fueron tocados por la Legislatura. "Estamos frente a un agravio constitucional", expresó y denunció que "hay jurados que ya adelantaron su opiniones condenatorias contra su defendido", por lo que no hay imparcialidad y que el proceso penal atenta contra el derecho constitucional del acusado.
Por otra parte, el abogado señaló que el jurado no necesita del Ministerio Público Fiscal como órgano acusatorio para emitir una sentencia condenatoria y también aclaró que la defensa no quiso dilatar el proceso. En ese sentido dijo que el plazo de seis meses se dilató a ocho.
"Le estamos endilgando la muerte de Micaela García a Rossi", apuntó.
Según el defensor, en este proceso no está evaluando el femicidio de Micaela -que fue trágico y desgarrador- sino que se está evaluando el fallo dictado por Rossi que reconoció un derecho constitucional de un detenido. "Hay que escuchar la letra del fallo que no mereció una tacha en un período de un año y medios. El Estado debía atender la problemática del penado dentro del sistema carcelario y, por cuestiones presupuestarias, no se hizo", dijo Cullen antes de solicitar la absolución del juez Carlos Rossi.
