Los allanamientos, que comenzaron anoche y continuaban hoy, podrían extenderse en las próximas horas a las ciudades de Gualeguaychú, Victoria, Córdoba y Corrientes, luego de que no se hallaran rastros de la chica de 13 años en todos los operativos realizados hasta el momento en San Benito.
En forma paralela, los efectivos policiales esperaban que dejara de lloviznar en San Benito para reiniciar las tareas de búsqueda en el lugar en el que anoche perros entrenados para trabajar en catástrofes detectaron tierra removida.
Ayer, un grupo de perros de la Escuela Canina de Catástrofes que llegaron a San Benito procedentes de Buenos Aires, marcó un lugar con tierra removida cercano a donde el testigo «clave» del caso dijo que su tío y principal sospechoso del secuestro, Miguel Angel Lencina, llevó a la chica el 25 de julio último.
Fernanda Aguirre cumple hoy 11 días en situación de secuestrada, luego de que el domingo 25 de julio pasado fuera capturada en la calle cuando caminaba desde la florería de sus padres, cercana al cementerio de San Benito, hacia su casa.
Ese mismo día, su familia recibió llamados extorsivos en los que le exigieron 2000 pesos de rescate y, si bien fueron pagados, la adolescente no fue liberada.
En el marco de la causa, los investigadores creen que el principal sospechoso del hecho es Lencina, quien si bien cumple una condena de 20 años de cárcel por dos homicidios, ese día estaba libre, ya que un juez le había otorgado una libertad transitoria para que visitara a su familia.
Esa circunstancia generó una gran polémica entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial, que derivó en que el propio gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, solicitara un jury de enjuiciamiento para dos magistrados de Ejecución de Penas de Paraná.
El debate se llevó al ámbito legislativo, donde se cuestionó la ley que avala las salidas transitorias de prisión de los condenados, y anoche la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto que restringe ese régimen.
Los diputados consideraron que debe restringirse ese beneficio a los condenados por homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo e incendio y otros estragos seguidos de muerte.
