El funcionario defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para su debate y posterior votación, y subrayó que el objetivo es "que haya condenas" y "revertir la ecuación que hace que de cada cien procesados sólo treinta reciban condena".
En una entrevista con el diario Página/12, Álvarez añadió que la reforma del Código Procesal Penal "busca acelerar los tiempos de todas las causas, incluyendo las de corrupción", debido a que "ya no van a durar diez años los expedientes, cajoneados, para que eventualmente un juez, según la conveniencia política, decida dejar proscribir o acelerar la causa".
Consultado por el nuevo rol que cumplirá el Ministerio Público si se aprueba el proyecto oficial, el secretario de Justicia indicó: "No se puede tener un sistema en el que los fiscales no pueden investigar. Sin embargo, en última instancia el poder de decisión recae en el juez, que va a tener mucho más poder de decisión. Ya no va a estar ocupado reuniendo pruebas, sino simplemente va a tomar decisiones sobre la validez de las pruebas que se le presenten".
Sobre el punto de la iniciativa referida a extranjeros que cometan delitos, el funcionario explicó que "el articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular, no cualquier extranjero, comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país".
"Es algo que está presente en numerosas legislaciones del mundo. Esto no afecta nuestra política migratoria, los vínculos con la Patria Grande, la ampliación de derechos a los migrantes", subrayó Julián Álvarez durante la entrevista publicada hoy, al tiempo que dejó en claro: "Esta norma está dirigida a quienes ingresan al país para robar, punto. Tampoco se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable".
Al referirse a la figura de 'conmoción social' que se incorpora al Código, dijo que "se pensó para casos excepcionales donde se privilegia el bien de la sociedad. Por ejemplo, ante una sensación muy fuerte de impunidad. En ese sentido es importante que aparezca este parámetro, siempre que esté como condicionante la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa".
"Además, la prisión preventiva, en el nuevo proceso, se vuelve superflua, porque al acortarse los plazos ya no habrá individuos que pasen siete u ocho años presos a la espera de una condena, sino que todo se resolverá en un año o menos", completó el secretario de Justicia.
En tanto, al salir al cruce de los cuestionamientos de diferentes sectores a las distintas iniciativas de reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, el secretario de Justicia afirmó que desde el Poder Ejecutivo se está "dando una transformación global del sistema jurídico argentino, y lamentablemente se lo analiza en términos coyunturales: si es el momento, si no es el momento".
"El esquema legislativo que estamos generando es estructural y para esta época, la del Bicentenario. La respuesta a esto son chicanas: cuando mandamos el fuero del consumidor, dijeron que íbamos a entrar a los campos a expropiar la soja; cuando mandamos el Código Civil, dijeron que íbamos a entrar a los bancos a secuestrar los dólares. Ahora con el Procesal Penal dicen que buscamos garantizar la impunidad. Esas son chicanas, no críticas. Como decir que el Código es muy de izquierda o es muy de derecha", completó el funcionario nacional.
