En un escrito presentado por el abogado Anthony Constantini, Braindidge planteó que la Argentina "hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraban e hizo pagos a algunos de ellos”, lo que considera una “violación de la Disposición de Tratamiento Igualitario” porque la Argentina “creó una preferencia entre idénticos valores”.
El fondo sostuvo además ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que la ley que habilitó el pago a los buitres funciona como una "nueva ley cerrojo" que impide pagar “otro monto más que el establecido en la oferta unilateral".
