Durante una extensa y maratónica sesión, el Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología se sumó al rechazo provenientes desde las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación e Ingeniería, cuyos Consejos Directivos también se han manifestado por la negativa a la recepción de los fondos, siendo así cuatro las unidades académicas que se oponen a recibir este financiamiento espurio e ilegítimo.
La sesión contó con la presencia de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que remitió una nota leída antes de iniciar la sesión donde exhortaba a no aceptar los fondos y, además, calificaba de “inmoral y falto de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores”
El vicepresidente de la minera Julián Rooney se encuentra procesado por el delito de contaminación ambiental en la provincia de Tucumán, como producto de una avalancha de denuncias efectuadas por los habitantes de dicha zona de nuestro país y múltiples movimientos sociales y organizaciones ambientales que vienen luchando contra los devastadores efectos que provocan los emprendimientos mineros sobre el ambiente y la salud de las personas. En este sentido, esta misma está acusada de presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
ARI rechaza
La polémica abierta al interior de la UNER por la aceptación, por parte del Consejo Superior, de los fondos provenientes de la explotación de la mina La Alumbrera en agosto pasado sigue sumando expresiones de rechazo. En esta ocasión, desde el ARI – Coalición Cívica han criticado fuertemente esta medida “en tanto daña profundamente la autonomía de las universidades nacionales, intenta esconder el debate real sobre la apremiante necesidad de un aumento inmediato y real en el presupuesto universitario, y -lo que es peor- intenta suplir las obligaciones del Estado con fondos provenientes de una empresa que daña el ambiente y la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas del norte de nuestro país” expresaron.
En este sentido, saludaron el rechazo a los fondos mineros por parte de las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Ingeniería y Bromatología e instaron a “aunar esfuerzos en la lucha por un modelo de universidad pública bajo principios éticos que busquen la transformación del medio en el que vivimos y la justicia social”.
“El fin de ninguna manera justifica los medios, y en esta cuestión en particular, pareciera que le están haciendo caso a Maquiavelo” declaró Adriana de la Cruz de Zabal, ex convencional constituyente de la Coalición Cívica, haciendo referencia al rol del Consejo Superior de la UNER.
“Quienes están al frente de ámbitos de decisión, tienen una doble carga de responsabilidad: en palabras de Leandro Boff, debemos aplicar la ética del cuidado (mutuo y con el ambiente), un cuidado que debe ser responsable”. Así, instó a dicho órgano a “rever la decisión tomada” y a rechazar los fondos “cuyo carácter espurio es inobjetable” y que, además, no ayudan a resolver los problemas económicos de fondo de la universidad pública.
Por otro lado, Maximiliano Gómez, referente de la juventud del ARI – Coalición Cívica y estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la UNER expresó que es fundamental que la universidad renueve su compromiso social y político con la comunidad denunciando que emprendimientos mineros como La Alumbrera “producen daños ambientales muy severos a costa del saqueo de los recursos estratégicos de nuestra Nación, dejándonos a cambio, solamente, muerte y contaminación”, comentó.
A su criterio, el Estado debe pensar en nuevas herramientas tendientes a asegurar el derecho a vivir en un ambiente sano, nacionalizar nuestros recursos minerales y derogar (a través del Congreso Nacional) toda disposición jurídica que “permita la explotación minera a cielo abierto y este tipo de atrocidades, colocando a la universidad en una situación de chantaje no vista con anterioridad” finalizó diciendo.
