“Era un plan sistemático, esto ya lo dijo la Corte Suprema y la Cámara Federal de Apelaciones en la causa 1384, en el famoso Juicio a las Juntas. El plan sistemático, ¿Qué implica? Que hay todo un sistema estatal para aplicar la tortura y la desaparición, la muerte y el robo de bebés. Y los distintos intervinientes en ese plan sistemático no podían ser analizado sus ilícitos aisladamente sino dentro de ese plan. Y dentro de ese plan entendemos que la atribución de responsabilidades que debe acusárseles a cada uno de los responsables es la figura de la coautoría funcional por reparto de tareas. Es decir que Capellino no fue el que aplicó la picana eléctrica, no fue el que apretó el gatillo en la Masacre de La Tapera pero fue quien cumplió un rol no banal en ese ilícito que tiene que ver con la legalización de los homicidios. En el caso de Sobko, por ejemplo, está el acta de defunción donde figura muerte accidental cuando tiene cinco balazos”, explicó a Radio Ciudadana (FM 89.7).
En cambio, Boykens aseveró que el magistrado aplicó conceptos generales del derecho penal como “si fuera un homicidio común cometido el día de hoy por cualquier persona a otra persona”.
“Osuna y Fernández son dos militantes montoneros que fueron acribillados en lo que se conoce como la Masacre de la Tapera acá en Paraná, en una vivienda de calle Rondeau”, explicó Boykens. “Fueron colocados en ese lugar y se montó un escenario de cierto enfrentamiento. Lo real es que allí fueron acribillados. En ese operativo participó Capellino, antes de que el operativo comience, y fue quien entro luego de haberse cometido el fusilamiento, recorrió el escenario y fue quien generó los certificados de defunción”, dijo.
Los cuerpos de Osuna y Fernández fueron enterrados en el Cementerio Municipal de Paraná. En el año 2007 fueron reconocidos los restos de Osuna por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pero nunca se pudo recuperar el cuerpo de Fernández. “Permanece como desaparecido”, dijo.
También fue absuelto de las torturas a Hennekens “quien decía que quien estaba en la sesión de torturas era un oficial medico de apellido Capelleti”. Con el transcurso del tiempo se supo que se trataba de Capellino. “Le aplicó el beneficio de la duda el juez Seró y lo absolvió por ese caso”, dijo Boykens.
El juez Seró decidió condenarlo solo por el homicidio de Pedro Sobko pero le aplicó una figura menor como el de participe secundario. “Nosotros entendemos que en las causas de lesa humanidad es muy difícil que se dé. Nosotros bregamos porque se entienda, y el juez Seró no lo entendió o no lo quiso entender, que acá estamos frente a un plan sistemático. A veces los fallos de Seró son muy contrarios a aquellos que luchamos por la defensa irrestricta de los derechos humanos. Incluso por un medio ambiente sano y tenemos el fallo de Gualeguaychú a favor de las corporaciones. No esperábamos demasiado de este fallo”, manifestó.
“El juez Seró tiene una cantidad de casos en su jurisdicción. Recordemos que Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos de la provincia tienen como sede de su jurisdicción el Juzgado federal de Concepción del Uruguay. Ahora eso no quita que haya pretendido que la sentencia de este juicio, donde se investigaron hechos ocurridos en Paraná, donde el imputado estaba en Buenos Aires en este caso, pero que cometió los hechos en Paraná y que las víctimas estaban en Paraná, que la jurisdicción es Paraná, haya pretendido dictar y leer la sentencia en Concepción del Uruguay y pretendió que se traslade toda la gente hasta allí”, mencionó.
“Realmente no ha entendido de que se trata cuando son juicios de lesa humanidad. No ha entendido que el Estado es quien provocó estos perjuicios a las víctimas y a la sociedad toda, y es el Estado quien debe repararlos. Y él en su rol de juez Federal de la Nación tiene esa responsabilidad de reparar a las víctimas”, argumentó.
Boyken dijo que él, como titular del Registro Único de la Verdad, debió llamar a la familia Fernández para decirles una vez más que el Estado había dejado impune el crimen de su padre, de su esposo, quien está desaparecido desde 1977. Uno de los hijos de Fernández murió el año pasado en un asalto a mano armada. “Realmente fue muy triste tener que llamarlo como Estado Provincial en el caso a decirles que el Estado nacional nuevamente había dejado impune el crimen de su familiar”, dijo.
Boykens señaló que Capellino es otro médico que fue sentenciado por delitos de lesa humanidad en la provincia. “Recordemos que hace pocos días fueron condenados tres médicos por apropiación de bebés”, dijo.
“En este caso es el sexto galeno condenado que llegaba a juicio por la participación en el homicidio de tres víctimas: Pedro Sobko, Carlos José María Fernández y Beto Osuna. Además de la privación ilegítima y torturas de la libertad de Gustavo Hennekens, un militante político”, dijo.
“Su función era auscultar a aquellos que estaban siendo sometidos a torturas para ver hasta dónde podía aguantar su corazón en una sesión de picana eléctrica o de submarino seco como narró crudamente Gustavo Henekkens. No fue el único. El otro médico condenado, Moyano, también cumplía la misma función y eran los médicos que garantizaban que en las sesiones de torturas no se vayan como muchos se fueron y puedan seguir con su tarea intentando sacar algún tipo de información que les pueda servir para privar a otros de la libertad”, señaló.
El coordinador del Registro único señaló que en la provincia de Entre Ríos hay 25 personas condenadas y procesadas por delitos de lesa humanidad. “Solamente tres están en unidades penitenciarias”, dijo. Se trata de Jorge Appiani, Cosme Ignacio Marino Demonte y Atilio Céparo quienes permanecen en la unidad Nº 1 de Paraná. El resto está con prisión domiciliaria por la edad y por cuestiones de salud.
