Lejos está de solucionarse la situación política en Conscripto Bernardi, departamento Federal. Tanto el radical Guillermo González, hoy comisionado designado por el Poder Ejecutivo, como su contrincante el peronista Rubén Boxler están dispuestos a seguir hasta las últimas instancias y así lograr definitivamente ocupar la presidencia de la Junta de Fomento.
González, más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó el planteo de la Unión Cívica Radical (UCR) por el resultado de la elección en esa localidad, aseguró que continuará en su cargo tal cual lo establece el decreto 815 del Poder Ejecutivo. En sus argumentos, plantea que el conflicto judicial no está resuelto, hasta tanto no se expida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la apelación que interpondrá.
Sin embargo, para el justicialista Boxler con el fallo de la Corte, el decreto provincial que designó a González como comisionado caduca, por lo que si el radical no abandona ese cargo, o mejor dicho desobedece la resolución judicial, lo denunciará por usurpación y pedirá el inmediato desalojo del edificio comunal.
En tanto, para el radicalismo y así también lo entendió el propio González, el decreto del gobernador, sigue vigente hasta tanto haya una resolución del organismo internacional respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Como en un ring, los dos aspirantes a la jefatura de la Comuna, pelean puño a puño sus espacios. “El decreto que me nombra como comisionado establece que hasta que no se resuelva definitivamente la situación en el ámbito judicial, yo debo cumplir con el cargo y esa instancia no está terminada porque se apeló”.
En cambio, Boxler interpretó lo opuesto. “El decreto 815 dice que González cumplirá su rol de comisionado hasta tanto la Corte se expida y la Corte ya se expidió. No quedan más instancias, por lo que en los próximos días, cuando me giren el fallo, pediré a la Junta Electoral que haga cumplir la resolución y me nombren como presidente de la Junta de Fomento”.
A modo de desafío, el justicialista también aseguró que acudirá a los organismos competentes para que se resuelva el conflicto. Entre los trámites que tiene previsto realizar, no descarta una presentación ante la Justicia para que se proceda a desalojar el Municipio. Además, indicó que hará una denuncia por “usurpación de cargo”.
“La Corte desestimó el recurso en queja que hizo González, por lo que se terminan los argumentos que tiene para permanecer al frente de la Junta de Fomento. Porque nosotros entendemos que el decreto del Gobernador queda automáticamente sin efecto, porque la situación de acefalía ya no existe”, enfatizó Boxler.
Aunque la relación entre el PJ de Bernardi y el Gobierno quedó sentida tras el decreto de designación del radical, los dirigentes locales se reunieron en asamblea para pedir el inmediato cumplimiento de la resolución judicial. Ese planteo lo harán no sólo ante la Junta Electoral sino también ante el Poder Ejecutivo.
“Por el decreto lo doy por terminado. González cumplió su ciclo y creo que el Gobierno provincial estaría acatando con lo resolvió la justicia”, acotó Boxler.
En tanto, González reconoció que el decreto 815, en su artículo 2º, dice que “se constituye el gobierno municipal hasta tanto esté el fallo de la Corte Suprema”, pero a su entender “la decisión no está firme desde el momento en que se decidió apelar”. Así las cosas, seguirá siendo el comisionado en Conscripto Bernardi.
