Hace diez días que el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño, había publicado una carta en el diario local El Observador, en la que afirmaba que el monitoreo binacional de la calidad de aguas del río compartido no se habían realizado debido al diferendo internacional entre los dos países y que Uruguay había incumplido “las obligaciones que le impone el Estatuto del Río Uruguay en materia de información y consulta previa”, al haber autorizado la instalación de las fábricas de celulosa.
La autoridades uruguayas dijeron que el Programa de Control de la Contaminación del Río Uruguay (Procon) se cumplió de 1989 a 2005 y otro plan similar llamado “Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales en Áreas de Plantas Celulósicas” (Procel) y que “por la vía de los hechos”, éstos se interrumpieron debido a decisiones de la Argentina. La Cancillería dijo que el argumento argentino para frenar los controles fue que había un diferendo internacional ante La Haya.
“El argumento esgrimido por la República Argentina para interrumpir el monitoreo conjunto es insostenible ya que resulta evidente que la existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional de Justicia no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático y la protección integral del río establecida en el Estatuto del Río Uruguay”, sostiene la declaración.
Pese a ello, destaca, Uruguay invitó en varias ocasiones a la Argentina a involucrarse nuevamente en un monitoreo conjunto y que “continúa bregando” para que acceda a eso. Finalmente, rechaza la acusación de incumplimiento del tratado bilateral y asegura que la “Argentina fue repetidamente consultada sobre los planes de construir la planta de Botnia” y que se le suministró “absolutamente toda la información disponible”.
Fuente: La Nación
