La entidad vecinal reclamó informes sobre el monitoreo de la planta de Botnia-UPM y el río Uruguay con un texto en el que manifestó: «No queremos ser cómplices del silencio, ni de la pasividad y claudicación de nuestro gobierno».
Los ambientalistas fijaron así postura sobre las versiones cruzadas entre Argentina y Uruguay por los primeros resultados del monitoreo realizado por un equipo de técnicos de ambos países.
La asamblea también cuestionó la falta de información pública sobre el monitereo por parte «de un gobierno que por su función natural debe prevenir y velar por la salud de sus ciudadanos».
“De inmediato”
«Reclamamos que se informe de manera inmediata, pública y amplia qué es lo que está ocurriendo con el control sobre Botnia-UPM, cuál es el estado actual del río Gualeguaychú, si es cierto que se encuentra comprometido y qué controles y medidas se están adoptando para proteger nuestros recursos y preservar la salud de todos nosotros», sostuvo la Asamblea.
En un documento titulado «Debe informarse qué es lo que pasa con nuestros recursos», la Asamblea expresó que «en los últimos días han arreciado versiones periodísticas vinculadas al control del río Uruguay que debe realizarse con motivo del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya a raíz del conflicto por la instalación ilegal de Botnia-UPM».
«Lejos de esclarecerse la situación y publicitarse los actos de gobierno, nos hemos encontrado con que ninguna información se brinda y quienes deben hacerlo se hunden en un hermetismo inexplicable», remarcó la organización.
Los asambleístas afirmaron que «desconocemos tanto el estado del control ‘continuo y permanente’ que debía realizarse sobre la planta de Botnia-UPM como también el estado actual del río Gualeguaychú, incluido lamentablemente en una negociación posterior por parte de la Argentina, que significó tergiversar los alcances del fallo de La Haya».
Al respecto, señalaron que los monitoreos sobre el río de esta ciudad fue un complemento que a pedido de Uruguay las autoridades aceptaron realizar para balancear los controles que dispuso el Tribunal Internacional ante la demanda planteada por Argentina contra Uruguay por violar el tratado del río compartido.
