El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó una resolución en la que requiere a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de la Delegación Argentina ante la CARU, y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, los informes del monitoreo, en el marco del desarrollo del Comité Científico, y solicita que una vez publicados esos informes, el Congreso de la Nación evalúe si amerita acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, requiere a la CARU, a través de la Delegación Argentina ante ese organismo, que solicite al gobierno de la República Oriental del Uruguay (ROU) que aplique sanciones a la empresa UPM (ex Botnia).
Entre los considerandos, la resolución sostiene que, en fecha 16 de agosto de 2012 el HCD aprobó por unanimidad la Resolución Nº 62/2012, por la cual requería a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Cancillería Argentina, los informes del monitoreo, en el marco del desarrollo del Comité Científico; además manifestaba que una vez publicados esos informes, el Congreso de la Nación debía evaluar si amerita acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que los fundamentos para la resolución Nº 62/2012 fueron la preocupación genuina y la incertidumbre de la comunidad de Gualeguaychú respecto a los resultados del monitoreo a la planta UPM (ex-Botnia), y la necesidad de ejercer el derecho al acceso a la información, que, la vigilancia continua del funcionamiento de la planta de Botnia y de su impacto en el Río Uruguay, fue dispuesta por la Corte de la Haya, a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además estableció que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a actuar de mala fe.
La resolución también considera que la actitud del vecino país lamentablemente sigue siendo un accionar de mala fe, y el acceso a la información es un derecho por sí mismo y que además articula otros derechos, además de abonar en la cultura republicana de dar cuenta de las actuaciones de los Estados, que, acceder a la información de los monitoreos permitirá a los gobiernos adoptar las medidas necesarias para fortalecer la salud del bien natural (no es solo un recurso) que es el río y sus áreas de influencia, y que, el gobierno y el pueblo de Gualeguaychú siempre han tenido vocación para solucionar este conflicto en una irrestricta defensa de la salud de la población y el medioambiente, consigna hoy Máxima on line.
Finalmente, establece que los integrantes argentinos del Comité Científico denunciaron en la última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que en marco de los análisis realizados a UPM (ex Botnia), se detectó la presencia de endosulfán, un insecticida que por su alta toxicidad está prohibido en más de sesenta (60) países, incluido en Uruguay. Y,, reclamaron a sus pares uruguayos informar al gobierno del Presidente José Mujica para que aplique sanciones a la empresa, aunque no han obtenido respuesta, que la toxicidad de este insecticida comenzó a ser advertida a partir del año 2000. Desde entonces, el endosulfán fue prohibido progresivamente en numerosos países, y en algunos casos retirados del mercado por los propios laboratorios, y que, en mayo de 2009, el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que regula el tratamiento de sustancias tóxicas, incluyó el endosulfán en el listado de tóxicos, cuyo uso debe ser eliminado sin excepciones. Por esto, en 2011 el Ministerio de Salud Pública de Uruguay prohibió su utilización.(RecintoNet)
