El especialista argumentó que cambiar la celulosa de lugar tampoco implica un «daño colosal» para Uruguay, entre otras cosas porque el «impacto social» de la planta sobre la población de Fray Bentos- donde se ha construido la celulosa- es «limitado».
«No estamos diciendo que la planta de celulosa Botnia sea una monstruosidad, sino que es la papelera equivocada en el lugar equivocado», dijo el experto de la delegación argentina, según publicó Crítica Digital.
Por su parte, la consejera jurídica del Ministerio de Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, fue la encargada de presentar las conclusiones finales de Buenos Aires.
En esas conclusiones clarificó a los jueces que el caso llevado a la CIJ por Argentina «no versa sobre el crecimiento económico sostenible de Uruguay», sobre «las actividades industriales de Argentina en su propia ribera del río» ni tampoco sobre «ir en contra» de la industria privada en general y de las celulosas en particular.
Ruiz precisó que la denuncia de Argentina se centra en «un Tratado y las infracciones (de Uruguay) del mismo». Para Argentina, Montevideo obvió la «gestión común» que estipula el Tratado del río Uruguay, firmado en 1975, para «prevenir la contaminación» del río fronterizo entre ambos países.
La funcionaria aseguró que el contencioso ante la CIJ no ha perjudicado las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay, que se mantienen «fructíferas» en terrenos como el comercio, el turismo o las energías renovables.
El gobierno elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay al autorizar «unilateralmente» la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río. En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.
