Entre las sugerencias se establece que “dentro de los treinta días de aprobado el presente acuerdo, Puerto Concordia S. A., deberá presentar por ante el Departamento Ejecutivo el Certificado de Habilitación como Astillero, expedido por las autoridades competentes”.
Otro de los requerimientos es la exigencia de la contratación de seguros por riesgos de trabajo, contra incendios y riesgos adicionales, de responsabilidad civil y hacia terceros. Otro seguro exigido es el de “caución por cumplimiento de contrato por un monto equivalente a la suma del canon que deba abonar hasta la finalización del plazo original.”
Sobre el canon, el Concejo reclama el pago de una suma equivalente a 500 litros de nafta súper entre los seis meses y los 24 de vigencia del convenio, lo cual equivale a aproximadamente $ 1000. A partir del vigésimo cuarto mes, la empresa debería abonar un equivalente a 800 litros. En caso de prórroga, el Concejo indica que Puerto Concordia deberá abonar 1000 litros. Otro pedido es que bimestralmente la empresa náutica presente un informe indicando “las embarcaciones fabricadas in-situ”.
Las exigencias además establecen que la empresa deberá contratar mano de obra local, al menos el 80 % del personal que emplee. Por último, se establece que “el incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas facultará a la Municipalidad a rescindir de pleno derecho y a exigir la devolución de las instalaciones cedidas quedando todas las mejoras en manos de la municipalidad, no teniendo Puerto Concordia derecho a indemnización alguna”.
Los concejales opositores Gladis Tribulatti, Ricardo Zubillaga (Nuevo Espacio) y Ricardo Larocca (UCR) se opusieron a la aprobación de esas cláusulas. El edil radical comentó que “la ley de contabilidad establece que este proceso debe hacerse por licitación pública. Además, esta ley impide contratar a personas que hayan incumplido en anteriores convenios con el municipio”.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ha fallado en contra de la empresa cuando al anterior gestión reclamaba la devolución del inmueble. Este antecedente lo toma en consideración Larocca al señalar que la Cámara “ha dicho que esta es una empresa que no acreditó actividad empresarial durante todos los años que estuvo allí ocupando los galpones. Inclusive carece de conexión de agua potable. Mal se puede hablar de una actividad empresarial que no tiene una conexión sanitaria”.
Larocca siguió desgranando argumentos en contra de una nueva cesión a la empresa “Tampoco se pudo dejar constancia de que personal inscripto tuvo o que embarcaciones fabricó”. Para el radical, esos antecedentes no dejan lugar a dudas. “Todo esto impide que se pueda celebrar un nuevo convenio” señaló.
Desde la otra vereda, el presidente del Concejo Deliberante, Luis Fonseca, defendió las modificaciones, mostrándose de acuerdo en que el Ejecutivo celebre un nuevo convenio. “Quedan dos grandes caminos. O seguimos litigando, con resultados inciertos. O nos advenimos a reconvenir el acuerdo. Nosotros adherimos a la decisión del Ejecutivo de solucionar los problemas con esta empresa” dijo Fonseca.
-“Pero funcionarios de la administración anterior señalaron que el Puerto ya estaba en manos del municipio”, replicó Junio.
-“No es tan así. Hay instancias judiciales de apelación a cubrir. Si seguimos en el campo de la Justicia podemos seguir varios años” respondió Fonseca.
Fonseca siguió argumentando a favor de una nueva cesión. “Se desarrolla una actividad, se incrementa mínimamente una fuente de trabajo, se preserva el predio porque se lo ocupa, se le hacen mejoras a la infraestructura existente” explicó.
-“La empresa no cumplió en anteriores ocasiones. ¿Porqué cree que lo haría esta vez?”
-“Si usted se toma el trabajo de hurgar en la historia del convenio, se advierte rápidamente que hubo incumplimientos de ambas partes” dice Fonseca, señalando que la cesión originaria del puerto sobre el Manzores es zona aduanera intransferible a un particular. Fonseca señaló que si se continúa litigando a partir de “presuntos incumplimientos”, se podía perder la chance de apostar a un emprendimiento comercial que permita “construir un perfil industrial de Concordia”.
-“Usted dice presuntos incumplimientos, pero los de la empresa fueron atestiguados por dos fallos de la Justicia local” objetó Junio.
-“Son fallos totalmente apelables, son defendibles por la otra parte. Es lo que queremos evitar. Seguir litigando” respondió Fonseca. Borrón y cuenta nueva.
