El nuevo instituto funcionará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la provincia o fuera de ella, así como también promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal.
En ese marco, el gobernador destacó que “este proyecto viene a concretar uno de los institutos establecidos en la reforma de la Constitución Provincial de 2008”, del mismo modo que por primera vez en la historia de la provincia en 2020 se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través del concurso público.
“Cuando se habla de actos de gobierno y actos administrativos, tiene que primar la transparencia”, remarcó Bordet y sostuvo que “el fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para consolidar la confianza de la sociedad en la política”.
“La transparencia y control de los actos de gobierno en todos los poderes y ámbitos de la provincia es indispensable para mejorar el Estado y sus acciones”, concluyó el mandatario.
Contará con un cargo de fiscal anticorrupción, con jerarquía de procurador adjunto; dos cargos de fiscales anticorrupción adjuntos, uno con asiento en la ciudad de Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia; un profesional de la abogacía con trayectoria acreditada en procesos administrativos, que tendrá jerarquía de fiscal auxiliar ministerio público; dos cargos de Contadores Públicos Nacionales o Licenciados en Ciencias Económicas, que formarán parte del equipo pericial; un experto en Informática, que deberá acreditar Licenciatura o Ingeniería en Informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales; dos cargos de Oficial Mayor, y dos cargos de Oficial Auxiliar.
El Fiscal Anticorrupción y los Fiscales Adjuntos deberán cumplir los requisitos establecidos por el artículo 188 de la Constitución Provincial. Serán designados con intervención del Consejo de la Magistratura y deberá otorgarse mayor puntaje a quienes acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
Además, los fiscales serán inamovibles en sus cargos y competencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción mientras dure su buena conducta, y solo podrán ser removidos por los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento.
Los cargos de peritos enunciados en el proyecto serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario.
